(The Catholic Herald/InfoCatólica) El arzobispo de Southwark, monseñor John Wilson, ha calificado el nuevo proyecto de ley que pretende legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales como una norma cuyo propósito último es poner fin a la vida humana, y ha pedido a los católicos que se dirijan a su diputado local para expresarle su oposición antes de la votación decisiva.
Una votación con fecha
El texto se denomina Proyecto de Ley de Adultos con Enfermedad Terminal, y afronta su segunda lectura y su votación en la Cámara de los Comunes el próximo 11 de septiembre de 2026. La Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales ha mantenido de forma continuada su condena de la iniciativa a medida que se acerca ese trámite.
La elección es cruda
Monseñor Wilson ha planteado el asunto como una decisión sobre el tipo de sociedad que los británicos quieren construir. «Es una cuestión sobre el tipo de sociedad en la que deseamos vivir. La elección es cruda. ¿Queremos valorar la vida de cada persona, especialmente cuando se vuelve vulnerable por una enfermedad grave o una discapacidad? ¿O queremos crear una cultura en la que matar sea mejor opción que cuidar?», ha preguntado el arzobispo.
El prelado no admite que la penuria de recursos sirva de coartada para legislar la muerte. «Jamás habrá justificación moral alguna, al margen de la financiación desesperadamente necesaria para los cuidados paliativos y sociales, para introducir una legislación que provocará intencionada y directamente la muerte de tantísimas personas», ha afirmado.
Y ha descrito con toda crudeza lo que ocurrirá si la propuesta prospera: «Cualquiera que sea el lenguaje que empleen quienes hacen campaña por el suicidio asistido, la terrible verdad permanece inalterada: si esta propuesta se convierte en ley, abuelos, madres, padres, hijas e hijos morirán creyendo que no hay alternativa posible, ninguna posibilidad de ser cuidados y amados hasta su muerte natural».
Un revés político para la campaña proeutanasia
El llamamiento del arzobispo llega pocos días después de que Andy Burnham expresara sus reservas sobre la introducción del suicidio asistido en el Reino Unido y sostuviera que la prioridad debería ser, por el contrario, la mejora de los cuidados paliativos. Sus palabras han sido interpretadas como un indicio de que no respaldará el proyecto, lo que supone un golpe para la campaña a favor de la eutanasia. Burnham calificó de muy difícil plantear ese debate mientras haya personas que no están recibiendo esa atención ni tienen tranquilidad respecto de esos cuidados.
El 30 de julio, el obispo de Paisley, monseñor John Keenan, responsable de Matrimonio, Familia y Vida en la Conferencia Episcopal de Escocia, había calificado esa intervención de oportuna y bienvenida. «Tenemos el deber de garantizar que toda persona que se acerca al final de su vida tenga acceso a los cuidados paliativos y sociales compasivos que merece», declaró el obispo escocés.
Keenan añadió: «Nadie debería jamás sentirse empujado hacia el suicidio asistido por carecer de los cuidados, el apoyo o la dignidad que necesita. Nos alegró que el Parlamento escocés rechazara resueltamente el suicidio asistido hace muy poco». Y concluyó expresando su esperanza de que esa intervención sirva de aviso a los legisladores de Westminster: «Esperamos que esta última intervención anime a los miembros del Parlamento de Westminster a reflexionar con cuidado antes de dar un paso que cambiaría de raíz el modo en que nuestra sociedad cuida de los enfermos y los vulnerables».
Las encuestas desmienten el supuesto clamor social
Los datos demoscópicos desmontan la idea de que exista una demanda popular apremiante de esta legislación. Una encuesta publicada en junio, que interrogó a más de diez mil personas, halló que en cada una de las seiscientas treinta y dos circunscripciones de Gran Bretaña una mayoría de electores no querría que su diputado apoyase una ley aprobada a la fuerza en el Parlamento sin escrutinio pleno y sin aprobación de ambas cámaras.
El mismo sondeo constató que el suicidio asistido no figura entre las cinco primeras prioridades de los electores, que prefieren que se dé prioridad a la sanidad pública y a los cuidados paliativos. Y solo un ocho por ciento se mostró partidario de que un compromiso no incluido en el programa electoral se convierta en ley sin la aprobación y el escrutinio pleno de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes.
