(Agencia Fides/InfoCatólica) El caso del linchamiento del matrimonio cristiano formado por Shama y Shahzad Masih, vinculado a la violencia de una turba desatada por una acusación de blasfemia y cerrado hace pocos días con la absolución de los tres últimos acusados, «representa un capítulo significativo de la historia judicial de Pakistán y saca a la luz las dificultades que entraña perseguir la violencia de las turbas». Así lo ha declarado la abogada paquistaní Aneeqa Maria Anthony, directora de la ONG The Voice, que ha acompañado a la familia de las víctimas a lo largo de más de una década de batalla judicial.
El Supremo anula las penas de muerte por «pruebas insuficientes»
El pasado 9 de julio, el Tribunal Supremo de Pakistán anuló las penas de muerte impuestas a los tres acusados que quedaban, alegando graves contradicciones en los testimonios de los testigos, discrepancias entre sus declaraciones y el atestado policial, y pruebas insuficientes. Los jueces reiteraron que, incluso en los casos más graves, el principio del juicio justo exige que toda condena se base en pruebas claras, fiables y coherentes.
Arrojados vivos al horno de ladrillos
Los hechos se remontan al 4 de noviembre de 2014, cuando Shama y Shahzad Masih, un joven matrimonio cristiano que trabajaba en un horno de ladrillos de Kot Radha Kishan, en el distrito de Kasur, en el Punyab, fueron acusados sin prueba alguna de haber profanado unas páginas del Corán. Una turba enfurecida los atacó, los golpeó y los arrojó vivos al horno. Shama estaba embarazada de cinco meses.
El doble asesinato provocó indignación en todo Pakistán y en el extranjero, y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la vulnerabilidad de las minorías religiosas paquistaníes frente a las acusaciones de blasfemia y la violencia de las turbas.
Una década de proceso que se fue desmoronando
La ONG The Voice representó a Mukhtar Masih, padre de Shama, durante todo el largo procedimiento contra los responsables del linchamiento. «Representamos a la familia durante todo el juicio, protegiendo los intereses de los niños y apoyando a la acusación», explicó Aneeqa Maria Anthony.
En noviembre de 2016, el Tribunal Antiterrorista dictó lo que fue considerado entonces un fallo histórico, con cinco acusados condenados a muerte y otros ocho a penas de prisión, mientras que más de noventa sospechosos quedaron absueltos por falta de pruebas. Sin embargo, en los años siguientes la posición de la acusación se fue debilitando progresivamente. «No teníamos ningún control sobre los testigos de la acusación», recordó la abogada. «Muchos de los testigos clave eran parientes de las víctimas y, durante el procedimiento, cambiaron sus declaraciones, comprometiendo las pruebas».
«Una herida abierta en la conciencia de la nación»
A juicio de Aneeqa Maria Anthony, el desenlace del procedimiento no resta importancia a la larga batalla judicial. «El caso sigue siendo un capítulo significativo de la historia judicial de Pakistán, y arroja luz sobre las enormes dificultades que entraña perseguir la violencia de las turbas», afirmó. «Al mismo tiempo, reafirma principios fundamentales del Estado de derecho: el debido proceso, la presunción de inocencia y la exigencia de que toda condena se sustente en pruebas creíbles y fiables».
El caso de Shama y Shahzad Masih sigue siendo citado por las Iglesias cristianas y por las organizaciones de derechos humanos como «uno de los casos más emblemáticos de los abusos ligados a las acusaciones de blasfemia». Los responsables cristianos en Pakistán llevan años advirtiendo de que incluso las acusaciones infundadas pueden degenerar rápidamente en episodios de violencia colectiva, alimentados por un clima de impunidad y de extremismo religioso.
Por esa razón, y al margen del desenlace judicial definitivo, concluyó la abogada, «el caso de Kot Radha Kishan sigue siendo una herida abierta en la conciencia de la nación y una prueba decisiva para la protección de la libertad religiosa, la justicia y los derechos de las minorías».
