(InfoCatólica) Que dos publicaciones bien informadas pero con una «sensibilidad» tan dispar como La Bussola y Crux, compartan la tesis del caos jurídico y la indefensión sistemática de los fieles es relevante. En este aspecto el Caso Rupnik no es más que un paradigma, no tanto por la sentencia, también Rupnik merece un juicio justo y presunción de inocencia, como por el proceso.
El marasmo al que sometió el Papa Francisco a la administración de justicia en la Iglesia está dinamitando la confianza de los fieles. Desde la concepción bananera del derecho procesal en el que se iban inventando normas sobre la marcha como con Becciu a la violación de los más mínimos derechos fundamentales de cualquier acusado y que simplemente no son reclamables porque el Vaticano no ha firmado el tratado de DDHH. La labor que tiene León XIV por delante, como Papa y como canonista, es titánica en lo material y muy difícil en lo sentimental porque muchas de las tropelías afectan directamente a su predecesor. Las primeras actuaciones en varios casos heredados han levantado algo de esperanza.
Lo último es que las mujeres que acusan al sacerdote, ya exjesuita, Marko Ivan Rupnik de abusos no han sido convocadas a declarar, no conocen la identidad de los cinco jueces que deben juzgarlo, no saben de qué delitos concretos se le acusa y ni siquiera han recibido respuesta a la solicitud de ser admitidas como parte perjudicada. Su abogada, Laura Sgrò, lo resume en una frase que ha puesto el proceso penal canónico bajo el foco público: «Es un proceso conducido en la más completa oscuridad».
La letrada italiana, especialista en derecho civil y canónico, ha hecho pública su queja contra la Santa Sede después de que la filtración de la pasada semana, según la cual Rupnik podría ser absuelto o haber visto retiradas del proceso las acusaciones de violencia física, obligara a la Oficina de Prensa vaticana a emitir un desmentido a las cuarenta y ocho horas. En él calificaba de «absolutamente infundadas» las noticias «acerca de cualquier deliberación por parte de los jueces».
«Nunca he pedido un proceso público»
Sgrò, que según La Nuova Bussola Quotidiana representa a cinco de las mujeres que acusan a Rupnik de abusos físicos, psicológicos y espirituales, insiste en que su reclamación no busca publicidad. «Nunca he pedido un proceso público ni que la Santa Sede cambie su ordenamiento, sino solo que existan las informaciones mínimas que garanticen el derecho a la defensa y el derecho al contradictorio. Sin ellas no puede haber justicia», declaró al diario italiano.
Puesto que la Santa Sede es la persona jurídica que investiga y sostiene la acusación contra Rupnik, Sgrò no ejerce la acusación en nombre de las mujeres a las que representa. Pero, según la abogada, no ha sido admitida en el procedimiento de ninguna forma, ni sus clientas han sido informadas del curso del proceso ni invitadas a aportar testimonio o pruebas. «Las víctimas no solo no han sido convocadas, sino que una solicitud mía de participación como patrocinio de la parte perjudicada no ha recibido ni una respuesta», afirma.
La letrada sostiene que el desconocimiento de la identidad de los jueces impide detectar una posible causa de incompatibilidad. «Podría haber una incompatibilidad, quizá vinculada a hechos del pasado o a enemistades que han permanecido ocultas, y eso influiría en el juicio. ¿Cómo se puede ser creíbles en un proceso en el que las víctimas no saben ni los nombres de los jueces? Es otra violencia que se consuma en perjuicio de estas mujeres».
Dado el precedente del raudo levantamiento de la excomunión a Rupnik, que Francisco no se reunió con las presuntas víctimas pero sí con el Centro Aletti, justifica conocer el nombre de los jueces. El caso Zanchetta, también apoya la desconfianza.
La carta al cardenal Fernández
Tras la filtración, Sgrò remitió una carta a la Santa Sede en la que encadena preguntas sin respuesta: si el proceso ha comenzado, en qué estado se encuentra, quiénes son los jueces, qué resolución han recibido las peticiones de sus clientas de ser admitidas como parte perjudicada y por qué esas mujeres no han sido oídas como testigos. Fragmentos de la carta fueron publicados por Crux.
En ese texto la abogada denuncia «una ulterior violencia contra mis asistidas, cuya herida está aún viva y ni mínimamente cicatrizada», y añade: «Mis asistidas están muy desconsoladas y afligidas. Nunca han sido notificadas de nada, ni siquiera por mi mediación, acerca de este proceso, del que se susurra todo y con certeza no se sabe nada. (…) Mis asistidas se sienten abandonadas y traicionadas. Víctimas una vez más de un sistema que nunca las ha acogido, ni tutelado, ni consolado».
El proceso es competencia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y se desarrolla, por tanto, bajo la responsabilidad del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto, y de monseñor John Joseph Kennedy, secretario de la Sección disciplinaria del mismo dicasterio. Sgrò asegura haber intentado contactar repetidamente con ambos por teléfono y por correo electrónico sin resultado: «Siempre he sido rebotada, nadie quiere hablar conmigo».
La Nuova Bussola Quotidiana preguntó directamente a Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, cuándo comenzó efectivamente el proceso, en qué modalidad se desarrolla y si en algún momento se harán públicos los nombres de los jueces. La respuesta, recogida el 27 de julio, fue que «por el momento no tenemos nada que añadir a lo ya dicho con la comunicación de hace unos días».
Hechos ya documentados
Las cifras de presuntas víctimas difieren según la fuente. The Catholic Herald recuenta al menos veintiún miembros de la Comunidad Loyola, cofundada por Rupnik, y otras quince personas que han presentado acusaciones desde que el caso se hizo público en 2022. Crux habla de decenas de mujeres a lo largo de treinta años.
Lo que ninguna de las fuentes discute es que los hechos están documentados. El dossier entregado en febrero de 2023 por una comisión internacional independiente, denominada Team referente, a los superiores jesuitas llevó a la Curia General de la Compañía a publicar el 21 de febrero de 2023 una declaración titulada Hacia un reconocimiento de la verdad. En ella se explica que los hechos atribuidos a Rupnik abarcan más de treinta años, desde mediados de los ochenta hasta 2018, y sobre la credibilidad de las denunciantes se afirma: «Muchas de estas personas no se conocen entre sí y los hechos narrados se refieren a periodos distintos (…). Por eso el grado de credibilidad de lo denunciado o testimoniado parece ser muy alto».
El 26 de marzo de 2025, el padre Johan Verschueren, delegado para las obras interprovinciales de los jesuitas, escribió a todas las víctimas de Rupnik una carta en la que dice creer «en la posibilidad de iniciar un proceso de reparación y de curación interior, siempre que al mismo tiempo se emprenda un camino de verdad y de reconocimiento también por nuestra parte», y les pide que hagan saber qué necesitan ahora.
Las críticas no son aisladas
Sgrò ha subrayado el alcance del asunto para la credibilidad de la Santa Sede. «La credibilidad de este procedimiento es esencial pro bono communi», escribió, y añadió que «la Iglesia, no menos que las víctimas, necesita transparencia, justicia y verdad».
La opacidad no ha sido cuestionada solo por la abogada. El canonista neoyorquino padre Gerald Murray planteó la misma objeción en el podcast Arroyo Grande: «¿Por qué no sabemos quiénes son los jueces?». Y añadió: «Todo el asunto es un problema horroroso y la Santa Sede no ha estado a la altura de las expectativas que genera cuando las víctimas dan un paso adelante».
Las cuestiones de transparencia han acompañado el caso desde el principio. Las presuntas víctimas han vinculado repetidamente la obra artística de Rupnik con los abusos denunciados, mientras la Santa Sede seguía utilizando sus imágenes en sus portales durante el año litúrgico, algo que el prefecto saliente del Dicasterio para la Comunicación defendió públicamente en un encuentro de medios católicos citando a Francisco con un «¿quién soy yo para juzgar?». Unas palabras que se tuvo que tragar, pues un mes exacto de la elección del Papa León XIV las ilustraciones desaparecieron.
Para el director de La Nuova Bussola Quotidiana, Riccardo Cascioli, ese «camino de verdad» reclamado por los propios jesuitas es exactamente lo que un proceso «fantasma» está negando, en un asunto que, sostiene, resulta ya incómodo también para el papa León XIV. Desde Crux, Charles Collins amplía el diagnóstico: el caso Rupnik muestra, a su juicio, que el abuso de personas adultas, generalmente mujeres, no está siendo abordado adecuadamente y que los responsables eclesiásticos siguen recurriendo al mismo manual empleado durante las décadas de la crisis de abusos a menores. Recuerda además que la Carta de Dallas, aprobada por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos en 2002 y revisada este año, sigue siendo el estándar para los casos de menores, pero que la ausencia de normativa específica para los abusos contra adultos deja a los obispos sin procedimientos, con el riesgo, advierte, de que se confundan faltas de gravedad muy distinta y de que los peores casos queden impunes durante años.
Por el momento, la única información que la Santa Sede ha facilitado sobre el proceso es que ha comenzado y está en curso.
