(InfoCatólica) El rechazo y las advertencias no han sido suficientes, vienen días oscuros en los que se podrá procesar por reproducir textos bíblicos. El Parlamento de Canadá aprobó el 17 de junio la Combatting Hate Act (Ley C-9), la controvertida norma que suprime la defensa del texto religioso sincero del Código Penal canadiense, una salvaguarda vigente desde 1970 que protegía la expresión de convicciones basadas en textos sagrados frente a posibles acusaciones de propaganda de odio.
La votación final contó con el respaldo conjunto de liberales y del Bloque Quebequés, que se impusieron a los votos en contra de conservadores, neodemócratas y la diputada del Partido Verde, Elizabeth May, quienes intentaron sin éxito descartar el proyecto de ley.
Una única enmienda del Senado
La Cámara Alta introdujo una sola modificación al texto: la inclusión de la soga como símbolo de odio prohibido en el espacio público, que entrará en vigor 30 días después de la sanción real. Las disposiciones centrales de la ley, que crean delitos procesables por intimidación y obstrucción frente a lugares de culto y establecimientos utilizados por grupos identificables, se mantuvieron intactas.
El debate público en torno a la Ley C-9 quedó marcado desde diciembre pasado, cuando el entonces gobierno liberal en minoría aceptó una enmienda del Bloque Quebequés para suprimir la sección 319(3)(b) del Código Penal, una garantía específica que impedía procesar a ciudadanos por expresar creencias religiosas sinceras fundadas en las enseñanzas de su confesión.
Oposición generalizada de confesiones religiosas y sociedad civil
La eliminación de esta salvaguarda suscitó un rechazo amplio y transversal. Líderes religiosos, juristas, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos expresaron su oposición.
El Obispo Pierre Goudreault, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá, subrayó en una carta dirigida al primer ministro Mark Carney el 4 de diciembre la importancia de la protección eliminada: «Esta exención, formulada de manera restringida, ha servido durante muchos años como salvaguarda esencial para garantizar que los canadienses no sean procesados penalmente por la expresión sincera de creencias, realizada sin animosidad y fundamentada en tradiciones religiosas arraigadas».
Goudreault advirtió además de que «la eliminación de una salvaguarda legal clara tendrá probablemente un efecto disuasorio sobre la expresión religiosa, incluso si las acciones penales siguen siendo improbables en la práctica».
El Cardenal Frank Leo, Arzobispo de Toronto, solicitó por carta a los senadores el 27 de marzo que se añadiera al texto «una clarificación inequívoca que deje manifiesta y rotundamente claro que la lectura de textos religiosos, así como la enseñanza y la predicación, no se consideran en modo alguno promoción intencionada del odio de ningún tipo».
«Un día oscuro para Canadá»
Los diputados conservadores reaccionaron con dureza a la aprobación. El diputado Brad Redekopp calificó la jornada como «un día oscuro» para la libertad religiosa y denunció que «la Ley C-9 no es un esfuerzo serio por combatir el odio, sino una herramienta para imponer la ideología liberal». La diputada Leslyn Lewis expresó su preocupación por el «precedente» que la norma establece contra las libertades fundamentales, mientras que Rachael Thomas lamentó el resultado «pese a las súplicas de los canadienses». El diputado Shuv Majumdar acusó a los liberales de usar su «mayoría» para «eliminar protecciones arraigadas de la expresión religiosa de buena fe y los derechos de conciencia».
Una cláusula que no convenció a nadie
El ministro de Justicia, Sean Fraser, ha intentado restar importancia a la supresión de la sección 319(3)(b) argumentando que «la libertad religiosa ya está plena y sólidamente protegida por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades». Sin embargo, numerosas voces han cuestionado esta afirmación recordando las restricciones impuestas a parroquias durante la pandemia de COVID-19 y durante las protestas del Freedom Convoy de 2022.
La cláusula de mayor certeza que los liberales incorporaron al texto para aplacar las críticas no satisfizo a las entidades afectadas. Phil Horgan, presidente y asesor jurídico de la Liga Católica de Derechos Civiles, señaló la ambigüedad sobre lo que constituye una «declaración sobre un asunto de interés público» y advirtió de que una acusación por odio podría dirigirse contra un creyente.
Paul Lawton, director de acción ciudadana de la Asociación para la Acción Política Reformada (ARPA Canadá), lamentó que el Gobierno desoyera a una coalición sin precedentes: «Los canadienses realizaron cientos de miles de llamadas a diputados y senadores, les enviaron cientos de miles de postales y asistieron a innumerables concentraciones para expresar su oposición a la Ley C-9. Es un día triste para la libertad de expresión y la libertad religiosa, no solo para los cristianos, sino para todos los canadienses».
John Sikkema, director jurídico de ARPA, advirtió de que «nuestra preocupación no es tanto que los cristianos u otros sean procesados inmediatamente después de la aprobación de esta legislación, sino la erosión gradual de las libertades fundamentales a través de leyes como esta».
La ley aguarda la sanción real, un trámite formal, para su entrada en vigor.
