(Gript/InfoCatólica) Puede parecer una pequeña victoria, pero cualquiera que sirva para salvar vidas y no comprometa futuros avances en el derecho a la vida debe celebrarse. Y más en un país que tiene una legislación abortista sometida a referéndum.
La Cámara Baja de Irlanda (Dáil Éireann) ha rechazado por amplia mayoría un proyecto de ley promovido por los Socialdemócratas (Social Democrats) que pretendía suprimir el periodo obligatorio de reflexión de tres días antes de practicar un aborto, reducir el número de médicos necesarios para autorizar la intervención y ampliar los supuestos para abortos tardíos. La propuesta fue derrotada por 85 votos en contra frente a 30 a favor, con 36 abstenciones, en la votación celebrada el miércoles por la noche.
La ministra de Sanidad desmonta el proyecto punto por punto
La ministra de Sanidad, Jennifer Carroll MacNeill (Fine Gael), fue la voz más contundente contra la iniciativa legislativa. Según recoge Gript, Carroll MacNeill declaró ante la Cámara que no podía respaldar el texto «ni desde el punto de vista jurídico ni operativo» y calificó la propuesta como una «descriminalización general» del aborto.
La ministra identificó cinco cambios sustanciales en la legislación vigente, de los cuales cuatro presentaban, a su juicio, problemas de política sanitaria, y todos ellos dificultades jurídicas. Respecto a la reducción del número de facultativos necesarios para autorizar un aborto, Carroll MacNeill subrayó que «hay razones clínicas y prácticas muy reales por las que es relevante la participación de más de un profesional en la toma de decisiones», dado que en situaciones de riesgo para la vida o la salud de la madre intervienen necesariamente distintos especialistas. «La doble firma profesional es un principio fundamental de seguridad», afirmó, advirtiendo de que ya se habían producido «desenlaces trágicos» cuando estos principios no se respetaron.
Descriminalización y directrices ministeriales
Carroll MacNeill rechazó también la descriminalización de los médicos propuesta en el texto. Según la legislación vigente, un facultativo que practica un aborto no necesita haber tomado una decisión correcta, pero sí haberlo hecho de buena fe. «¿Por qué debería estar exento de sanción penal un médico que actúa de forma irrazonable o de mala fe?», planteó la ministra, señalando que la propuesta no se limitaba al médico que trata directamente a la paciente, sino a cualquier profesional.
Igualmente, la ministra se opuso a que el proyecto atribuyera al titular de Sanidad la elaboración de directrices clínicas, considerando que ello constituiría «una interferencia en la independencia de la profesión médica».
El debate sobre las «anomalías fetales incompatibles con la vida»
El aspecto que Carroll MacNeill calificó como el más importante del proyecto fue la ampliación de los supuestos de aborto por anomalía fetal. La legislación actual permite la interrupción del embarazo cuando dos médicos certifican que una condición limitante causará probablemente la muerte del niño en el útero o en los primeros 28 días de vida, un plazo que corresponde al periodo neonatal, en el que se concentra la inmensa mayoría de los fallecimientos infantiles. La ministra explicó que, de las aproximadamente 190 muertes infantiles registradas el año pasado, cerca de 150 ocurrieron dentro de ese periodo.
Los Socialdemócratas, junto con People Before Profit, habían propuesto ampliar este plazo hasta un año. Carroll MacNeill señaló que la líder socialdemócrata, Holly Cairns, había adoptado «la definición más expansiva» posible al introducir el concepto de «condición fatal que el feto pudiera tener», lo que abarcaría un abanico de patologías que permiten la supervivencia durante meses o incluso años.
Los defensores del periodo de reflexión
El debate previo a la votación incluyó intervenciones de parlamentarios de diversos partidos. El diputado Ken O'Flynn, de Independent Ireland, recordó que desde la introducción del aborto en Irlanda se habían sacrificado miles de «vidas humanas»: «Pequeños corazones que laten, pequeñas manos y pequeños rostros». Su compañero de partido Richard O'Donoghue destacó que 10.426 mujeres entre 2019 y 2024 no regresaron a la clínica tras el periodo de reflexión de tres días, lo que dio lugar al nacimiento de sus hijos.
Peadar Tóibín, líder de Aontú, instó a los diputados a «escuchar al pueblo» y calificó el periodo de reflexión como «una de las últimas protecciones del derecho a la vida que existen en Irlanda». «Sería un error eliminar el tiempo de reflexión para lo que puede ser la mayor decisión de la vida de una mujer. Es una decisión irreversible», afirmó.
Satisfacción del movimiento provida, pero con cautela
Tras la votación, la Pro Life Campaign celebró el resultado. Su portavoz, Eilís Mulroy, declaró que la derrota del proyecto «fue duramente peleada y es un resultado muy alentador», atribuyendo parte del éxito a la intensa campaña de contacto con los parlamentarios durante las 72 horas previas.
No obstante, Mulroy advirtió de que «algunos políticos votaron en contra del proyecto de los Socialdemócratas por razones puramente tácticas, para poder impulsar su propio proyecto proabortista en una fase posterior». La senadora de Aontú Sarah O'Reilly resumió la jornada como «un buen día para el bebé en el vientre materno».
El Taoiseach (primer ministro), Micheál Martin, describió la legislación como portadora de «defectos significativos». La derrota del proyecto mantiene el marco legal vigente en Irlanda, aprobado tras la derogación de la Octava Enmienda constitucional en 2018.
