(LifeNews/InfoCatólica) La activista y académica Jocelyn Downie ha reclamado al Parlamento canadiense que mantenga la fecha del 17 de marzo de 2027 para permitir la eutanasia cuando la única condición alegada sea una enfermedad mental. Lo hizo ante el comité parlamentario encargado de estudiar esa expansión del sistema canadiense de muerte provocada.
Durante su intervención, Downie lanzó una advertencia con la que trató de presionar a los legisladores: «Lo que ocurrirá, si hay una prórroga o una exclusión, es que la gente morirá por suicidio». La tesis supone, en la práctica, presentar el suicidio como argumento para facilitar una forma legalizada de suicidio asistido o eutanasia.
La gravedad de ese planteamiento resulta evidente. Si una persona manifiesta ideas suicidas, la respuesta moral y médica no puede consistir en ofrecerle la muerte, sino en asistirla, protegerla y tratar sus causas de sufrimiento. Convertir la desesperación en puerta de acceso a la eutanasia supone una claudicación radical del deber de cuidar al enfermo.
Quienes se oponen a esta expansión sostienen que se trata de una táctica de presión falsa. Si realmente la legalización de la eutanasia redujera los suicidios, Canadá debería haber experimentado una disminución clara de esas muertes tras haber abierto cada vez más su legislación. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que eso no ha ocurrido.
En 2016, año en que Canadá legalizó la eutanasia, se registraron 3.978 muertes por suicidio. En 2021, cuando el país amplió su legislación para incluir a personas que no se encontraban en fase terminal, se contabilizaron 3.927 suicidios. En 2023, dos años después de esa ampliación, el número subió hasta 4.735. Lejos de reducirse, el problema siguió creciendo.
Al mismo tiempo, las muertes por eutanasia no han dejado de aumentar. El sexto informe anual de Canadá sobre la llamada asistencia médica para morir, publicado en noviembre de 2025 con datos correspondientes a 2024, indicó que se produjeron 16.499 muertes por esta causa, frente a 15.427 en 2023. El incremento fue del 6,9 por ciento.
La expansión continuó además en 2025 en provincias como Ontario y Alberta, donde también se notificaron aumentos. Todo ello refuerza la conclusión de que el crecimiento de la eutanasia no ha venido acompañado de una disminución de otros suicidios.
Desde esta perspectiva, la afirmación de que facilitar la eutanasia evitará suicidios carece de base. Más aún, varios análisis sostienen que la legalización de estas prácticas puede contribuir a una especie de contagio social, al normalizar la idea de que la muerte es una respuesta aceptable ante el sufrimiento.
Ese mismo argumento ya había sido utilizado en Canadá en el pasado. El Tribunal Supremo asumió en su día que impedir la eutanasia podía empujar a algunas personas a quitarse la vida, pero los críticos de esa doctrina sostienen que los jueces erraron al entrar en un terreno que no les correspondía y al aceptar una premisa que la experiencia posterior no ha confirmado.
También en Europa se han señalado datos preocupantes. Algunos estudios comparativos han indicado que los países que legalizaron la eutanasia o el suicidio asistido no vieron descender sus tasas de suicidio a largo plazo, sino que en varios casos estas aumentaron frente a otros países que no legalizaron esas prácticas.
La pretensión de extender la eutanasia a quienes padecen solamente una enfermedad mental muestra hasta dónde puede llegar la cultura de la muerte cuando abandona toda referencia a la ley natural y a la dignidad inviolable de la persona. Allí donde el enfermo más vulnerable debería recibir acompañamiento, tratamiento y esperanza, se le ofrece la eliminación.
Canadá se encuentra así ante un paso de enorme gravedad moral. Si finalmente se consuma esa ampliación, el Estado no solo habrá legalizado la muerte provocada para quienes sufren físicamente, sino que abrirá también la puerta a matar a personas cuya herida principal está en el ámbito psíquico, precisamente cuando más necesitan protección, cuidado y verdadera compasión.
