(InfoCatólica) Es difícil o imposible determinar si el acuerdo provisional entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de obispos, firmado en 2018, funciona como estaba previsto o no. Puesto que su texto se ha mantenido en secreto, no se puede juzgar si los aparentes desencuentros entre ambas partes que frecuentemente se producen al nombrar nuevos obispos en China se deben o no a un incumplimiento del tratado.
El acuerdo, que se ha renovado varias veces, incluyó en origen el reconocimiento por parte del Vaticano de los obispos ya existentes en la llamada Iglesia patriótica, es decir, obispos consagrados por orden del gobierno chino, pero sin mandato papal. En cuanto a los nombramientos posteriores, se suele afirmar que el Papa tendría derecho de veto sobre esos obispos y debería ser notificado con antelación, pero no parece que eso se cumpla siempre. En el caso más reciente, sin embargo, parece que todo ha ido según lo previsto y el pasado mes de enero Mons. Anthony Li Hui tomó posesión como obispo de la diócesis de Pingliang.
El prelado tenía derecho al cargo porque en 2020 fue nombrado obispo coadjutor del anterior obispo diocesano, Mons. Nicholas Han Jide, nombramiento que fue confirmado por el Papa Francisco en 2021. Es decir, en esta ocasión no ha habido sorpresas desagradables, ya que un obispo coadjutor se nombra para ayudar a un obispo anciano o enfermo a administrar una diócesis hasta que llegue el momento de sucederle automáticamente en el cargo. De esta forma se asegura la estabilidad de la diócesis.
Hay, sin embargo, indicios preocupantes sobre el nuevo obispo. Al parecer, a la toma de posesión asistieron, además del clero diocesano, religiosos y fieles de la diócesis, representantes del Partido Comunista Chino encargados de los asuntos religiosos, es decir, de asegurar la sumisión de los católicos a la ideología gubernamental.
El obispo saliente, Mons. Nicholas Han Hide, aprovechó la ceremonia para reiterar su apoyo a la política china de «sinización» religiosa, una política iniciada por el presidente chino, Xi Jinping, destinada a adaptar las prácticas y creencias católicas a la «cultura china» (un eufemismo para designar el completo sometimiento al Partido Comunista que gobierna en China).
Asimismo, según la Conferencia Episcopal China (organismo gubernamental no reconocido por la Santa Sede) el nuevo obispo manifestó públicamente su intención de continuar el enfoque de su predecesor y apoyar al clero y a los fieles de la diócesis para que aumentasen su patriotismo y amor por la Iglesia, promover la adaptación del catolicismo a la sociedad socialista y escribir un nuevo capítulo en la tarea misionera.
Tanto el obispo emérito como su sucesor pertenecen a la Conferencia Episcopal China y a la Asociación Patriótica, las dos organizaciones mediante las cuales el gobierno chino se asegura de que los católicos sigan todas sus directrices. Puesto que los principios de la «sociedad socialista» y el catolicismo son, prima facie, incompatibles, todo indica que en caso de conflicto los que prevalecen son los primeros.
Hasta 2018, los católicos estaban divididos en una iglesia patriótica, sometida al gobierno comunista, y una Iglesia clandestina, fiel al Papa e independiente del gobierno. La Iglesia clandestina produjo multitud de mártires y confesores encarcelados por su fe, mientras que la Iglesia patriótica se consideraba cismática.
Con el acuerdo China-Santa Sede, el papa Francisco y el cardenal Parolin decidieron plegarse a las exigencias del gobierno chino para así «solucionar» el cisma, aunque fuera a costa de dejar a los pies de los caballos a la martirial Iglesia clandestina. En efecto, desde que el tratado regularizó la Asociación Patriótica gubernamental de obispos, se recrudecieron las presiones sobre los obispos clandestinos para que se unieran a la Asociación, una claudicación que se les presentaba como la voluntad del Papa. Además, diversos obispos clandestinos, como Mons. José Zhang Weizhu, se vieron obligados a renunciar a sus diócesis para dejar sitio a los obispos patrióticos de esas mismas diócesis.
Desde la entrada en vigor del tratado, se han dado varios casos de obispos nombrados por el gobierno sin conocimiento del Papa (por ejemplo, en 2025 se eligió a Mons. Li Janlin durante el periodo de sede vacante) y han continuado las persecuciones contra los clérigos y fieles de la Iglesia clandestina. Aparentemente, la única contrapartida real que ha recibido Roma es la satisfacción de que oficialmente ya no haya un cisma porque los nuevos obispos reconocen en teoría al Papa, aunque en la práctica dependan del gobierno comunista.
El cardenal Zen, arzobispo emérito de Hong Kong, es el crítico más conocido del acuerdo y, en 2018, escribió un artículo titulado «El Papa no entiende a China». Otros prelados se han mostrado más favorables al acuerdo y, también en 2018, Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, entonces Presidente de la Academia Vaticana de Ciencias Sociales, afirmó que «los que mejor aplican la doctrina social de la Iglesia son los chinos».
