(InfoCatólica) El peculiar sistema jurídico norteamericano, que a menudo parece dar más importancia a las causas civiles que a las penales, ha dado lugar a consecuencias económicas gravísimas para las diócesis de los abusos cometidos por sacerdotes y religiosos en los Estados Unidos.
En efecto, gran parte de las diócesis estadounidenses han tenido que hacer frente a indemnizaciones millonarias, que en numerosos casos excedían los recursos económicos diocesanos. Como consecuencia, hasta la fecha treinta y nueve diócesis norteamericanas han tenido que declararse en quiebra (aproximadamente, un veinte por ciento del total).
Las indemnizaciones se impusieron en muchas ocasiones por orden judicial, pero en otras fueron producto de acuerdos entre las diócesis y las víctimas. En algún caso especialmente sangrante, como el del cardenal McCarrick, la diócesis pagó millones en acuerdos extrajudiciales que incluían cláusulas de confidencialidad para proteger a los abusadores.
El proceso no ha terminado todavía. El caso más reciente de declaración de quiebra es de finales de 2025 y afecta a la diócesis de Alexandria en Luisiana, una pequeña diócesis sureña que tiene su origen en la evangelización española de los indios adayes, que habitaban en lo que entonces era parte de Nueva España. El obispo diocesano, Mons. Robert W. Marshall, Jr., informó de la quiebra en una carta a finales del pasado octubre, en la que explicaba que había ordenado a los abogados de la diócesis que presentasen una solicitud de reorganización financiera de conformidad con el capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos.
Según el obispo, su decisión se debió a que «algunos sacerdotes abusadores del pasado abusaron sexualmente de menores en el pasado, acciones malvadas, pecaminosas y contrarias a todo lo que representan la Iglesia y el sacerdocio. Como resultado, existen demandas financieras pendientes contra la diócesis que exceden nuestras posibilidades de pago».
De las treinta y nueve diócesis que han tenido que declararse en quiebra, veintidós diócesis ya han conseguido salir de la situación de bancarrota y volver, más o menos, a la normalidad, a menudo a costa de tener que vender gran parte de los edificios y bienes diocesanos. Entre ellas están las diócesis de Nueva Orleans, Mineápolis y San Diego.
A las diócesis hay que añadir cuatro provincias religiosas que se han tenido que declarar en quiebra en los Estados Unidos: el Instituto de los Hermanos Cristianos de Nueva York, la Provincia de Minnesota de los Canónigos de la Santa Cruz (o Crucíferos), la Provincia de Santa Bárbara de los Franciscanos (en California) y la Provincia de Oregón de la Compañía de Jesús.
Las indemnizaciones millonarias resultan muy polémicas por varias razones. Si bien es justo que se haga lo posible por reparar los daños cometidos a las víctimas, no parece tan justo que la reparación de la responsabilidad de los abusadores deba correr a cargo de los fieles, que son los que sostienen a las diócesis y no tienen ninguna culpa. A eso se suma el efecto «llamada» del pago de compensaciones millonarias, que puede hacer atractiva la presentación de denuncias falsas con ánimo de lucro, con consecuencias desastrosas no solo desde el punto de vista económico, sino especialmente para los sacerdotes acusados injustamente y para la reputación de la Iglesia.
