(ISHR/InfoCatólica) El Tribunal Supremo de la India reconoció recientemente que las denominadas leyes anticonversión, vigentes en varios estados del país, restringen de hecho la libertad religiosa, al imponer controles y sospechas sobre el acto de cambiar de religión. Estas observaciones se produjeron durante una audiencia relacionada con la constitucionalidad de dichas normativas.
Durante la sesión, los jueces señalaron que la exigencia de notificar o solicitar autorización a las autoridades civiles antes o después de una conversión constituye una interferencia directa en la conciencia personal, ya que trata el ejercicio de la fe como una actividad sometida al permiso del Estado. El tribunal admitió que estas disposiciones generan un efecto disuasorio real sobre quienes desean profesar libremente una religión distinta.
Las leyes anticonversión, adoptadas con el argumento de prevenir conversiones forzadas o fraudulentas, han sido utilizadas en la práctica para perseguir, intimidar y criminalizar a miembros de minorías religiosas, especialmente cristianos y musulmanes. En numerosos casos, simples actos de predicación, catequesis o caridad han sido objeto de denuncias bajo estas leyes.
Durante la audiencia, el Supremo dejó claro que la libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, sino que incluye también el derecho a cambiar de religión y a compartir las propias creencias, elementos esenciales de la dignidad humana. Los jueces subrayaron que cualquier restricción legal debe ser examinada con extremo cuidado para no vaciar de contenido este derecho fundamental.
Estas declaraciones del Tribunal Supremo suponen un reconocimiento explícito de que las leyes anticonversión no son neutrales y que, en su aplicación concreta, restringen la libertad religiosa garantizada por la Constitución india. No obstante, el tribunal no emitió todavía una sentencia definitiva sobre la validez de estas leyes, manteniendo el proceso judicial en curso.
Para las comunidades cristianas, que desde hace años denuncian un aumento de la persecución, las palabras del Supremo confirman una realidad largamente sufrida: la instrumentalización del poder civil para limitar la misión evangelizadora y el derecho de las personas a abrazar libremente la fe cristiana, en abierta contradicción con los principios más básicos de justicia y libertad.
