(InfoCatólica) La nueva Estrategia de Igualdad LGBTIQ+ 2026-2030, presentada por la Comisión Europea, establece un marco de actuación para los próximos cinco años con el fin de reforzar sus políticas woke. El texto mantiene la continuidad de la estrategia 2020-2025 e incorpora nuevas áreas de cooperación con los Estados miembros.
En el ámbito de la protección de derechos, la Comisión propone que los Estados miembros desarrollen procedimientos de reconocimiento legal de género basados en la autodeterminación y sin restricciones de edad, al tiempo que promueve el intercambio de buenas prácticas en esta materia:
«Los requisitos para el reconocimiento legal de género varían significativamente entre los Estados miembros. Mientras que algunos Estados miembros han adoptado modelos basados en la autodeterminación, otros imponen procedimientos médicos, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que pueden vulnerar los derechos humanos. La Comisión facilitará el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros para apoyar el desarrollo de procedimientos de reconocimiento legal de género basados en la autodeterminación que estén libres de restricciones de edad»
El documento dedica un apartado específico a las denominadas «prácticas de conversión», que califica de intervenciones dañinas. Bruselas anuncia la publicación de un estudio sobre su alcance y efectos, y plantea un diálogo con los Estados miembros para coordinar acciones que faciliten su prohibición.
«Las prácticas de conversión son “intervenciones profundamente dañinas que se basan en la idea médicamente falsa de que las personas LGBTIQ+ están enfermas, infligen un dolor y un sufrimiento severos y provocan daños psicológicos y físicos duraderos”. Según la tercera encuesta LGBTIQ de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el 24 % de las personas LGBTIQ+ ha experimentado prácticas de conversión, incluidas violencia física y sexual, abuso verbal y humillación. Este porcentaje casi se duplica hasta el 47 % en el caso de las mujeres trans y el 48 % en el de los hombres trans.
Las personas trans, no binarias e intersexuales también siguen enfrentándose a graves violaciones de su autonomía corporal: algunos Estados miembros de la UE aún imponen requisitos de intervención quirúrgica o médica para el reconocimiento legal de género. La encuesta de la FRA y el informe correspondiente “Ser intersexual en la UE” muestran que el 57 % de los encuestados intersexuales afirmaron que ellos o sus padres no dieron su consentimiento informado para someterse a procedimientos quirúrgicos u hormonales, lo que provocó daños físicos y psicológicos duraderos.
Para ayudar a los Estados miembros a prohibir las prácticas de conversión, la Comisión publicará un estudio que analice la naturaleza, la prevalencia y el impacto de estas prácticas en las personas LGBTIQ+. Para facilitar una acción coordinada, la Comisión también promoverá un diálogo estructurado sobre este tema, en particular a través del grupo de expertos sobre igualdad LGBTIQ+, en el marco del Grupo de Alto Nivel sobre no discriminación, igualdad y diversidad.
Basándose en las conclusiones del estudio, la Comisión adoptará las medidas oportunas para combatir las prácticas de conversión, con especial atención al apoyo a los Estados miembros, que desempeñan un papel fundamental en este ámbito. La Comisión también seguirá abordando otras prácticas dañinas, como la mutilación genital intersexual y la medicalización forzada de las personas trans.
Al desarrollar su enfoque para combatir las prácticas de conversión, la Comisión tendrá especialmente en cuenta la reciente Iniciativa Ciudadana Europea “Prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea”.»
La estrategia también aborda la necesidad de garantizar la igualdad en el empleo. La Comisión recuerda que la Directiva sobre igualdad en el trabajo reconoce el derecho a no sufrir discriminación por orientación sexual y anuncia un informe para 2026 sobre su aplicación. Asimismo, estudiará la posibilidad de adoptar nuevas medidas para que las sanciones nacionales en esta materia sean efectivas, proporcionadas y disuasorias:
«La Directiva sobre igualdad en el empleo consagra en el Derecho de la Unión el derecho a trabajar libre de discriminación y acoso por motivos de orientación sexual, entre otros. La Comisión seguirá garantizando la aplicación rigurosa de esta Directiva y publicará un informe sobre su aplicación en 2026. Basándose en el Estudio sobre sanciones por discriminación, la Comisión está considerando adoptar nuevas medidas para ayudar a los Estados miembros a garantizar que las sanciones establecidas en el Derecho nacional conforme a la Directiva sobre igualdad en el empleo sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.»
En el terreno jurídico, la Comisión se compromete a impulsar el reconocimiento transfronterizo de las familias y de la filiación, ya que, según indican, al 14% de las parejas LGBTIQ+ no se les reconocen sus derechos en otros países






