(InfoCatólica) La resolución, dictada por el juez Federico Armiñana, ha generado una fuerte polémica en Argentina, especialmente entre colectivos de víctimas de abusos eclesiásticos.
El tribunal ha explicado su decisión de conceder la libertad condicional. En primer lugar, la sentencia de Zanchetta aún no es firme, lo que, según el tribunal, podría vulnerar garantías constitucionales si se mantuviera su privación de libertad. Además, el condenado ha cumplido dos tercios de la pena impuesta, lo que le habilita para acceder a beneficios penitenciarios conforme a la legislación argentina. Los informes psicológicos y psiquiátricos presentados no indican riesgo de reincidencia ni peligro procesal.
Al prelado se le ha impuesto un tratamiento psicológico obligatorio como parte de las condiciones de su libertad. Entre las obligaciones establecidas, el obispo deberá fijar un domicilio y comparecer ante el tribunal cuando se le requiera
Aunque el recurso de casación presentado por la defensa fue considerado inadmisible por cuestiones formales, el tribunal examinó el fondo del asunto para garantizar el derecho a la libertad del condenado.
Reacciones de Indignación
La Red Nacional de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, representada en Salta por Kevin Montes, ha manifestado su profundo rechazo a la resolución
Montes ha calificado la liberación como «un nuevo agravio» para las víctimas, denunciando la falta de notificación previa sobre la audiencia, lo que contraviene los protocolos de participación de las partes afectadas.
Además, ha criticado los beneficios otorgados a Zanchetta durante el proceso, como permisos para viajar al Vaticano por motivos de salud, interpretándolos como evidencia de un trato privilegiado
La red ha anunciado que vigilará de cerca el desarrollo del caso y exige mayor transparencia al Poder Judicial argentino
Caso Zanchetta
En 2015, se encontraron imágenes sexualmente explícitas en el teléfono móvil de Zanchetta, incluyendo algunas de jóvenes y otras de él mismo en actitudes inapropiadas. Al ser informado, el Papa Francisco lo convocó a Roma en octubre de ese año. Zanchetta alegó que su teléfono había sido hackeado, y el Papa, aplicando el principio de in dubio pro reo (en la duda, a favor del acusado), aceptó su explicación. Es decir, exactamente lo contrario de lo que ha hecho en otras ocasiones, como es el del cardenal Cipriani, sancionado sin tener ni siquiera derecho a defenderse de la acusación de una supuesta víctima anónima, o el conocido como caso del «clan de los Romanones», donde el Pontífice dio crédito a la denuncia de la supuesta víctima de abusos por parte de sacerdotes de la archidióces de Granada (España), con la particularidad de que, a diferencia de en el caso Zanchetta, la justicia les declaró inocentes. El Pontífice no solo dio por hecho la existencia de abusos sino que afirmó al respecto: «la verdad es la verdad y no debemos esconderla»
En 2017, Zanchetta renunció al obispado de Orán, oficialmente por problemas de salud, sin mencionar para nada las denuncias, a pesar de que se conocían desde años atrás. Posteriormente, el Papa Francisco, en un inexplicable ejemplo de protección de una persona acusada con fundamento de abusos, lo nombró asesor en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) en el Vaticano, un puesto creado específicamente para él. Sin embargo, en 2019, tras nuevas acusaciones de abuso sexual, fue suspendido de su cargo y se inició una investigación canónica en su contra. Significativamente, esa investigación canónica no había dado el año pasado ningún resultado.
