(LSN/InfoCatólica) El portal WTMJ informa de que esta decisión se produce en respuesta a que un tribunal federal de apelaciones ha ratificado una parte de la ley «One Big Beautiful Bill Act» (BBB) del presidente Donald Trump, que incluye una prohibición de un año al uso de fondos federales, a través de Medicaid, por parte de cualquier entidad que practique abortos, salvo en casos de violación, incesto o supuesta amenaza para la vida de la madre. Aproximadamente el 60% de las pacientes de PPWI están cubiertas por Medicaid.
«Planned Parenthood de Wisconsin seguirá ofreciendo todo el espectro de la atención sanitaria reproductiva –incluido el aborto– tan pronto como podamos», afirmó la filial en Wisconsin de esta organización. «Mientras tanto, estamos explorando todas las opciones disponibles –a través de los tribunales, de nuestras operaciones y del compromiso cívico».
Tras la derogación de Roe contra Wade, que garantizaba la legalidad del aborto, la industria abortista depende en gran medida de la financiación pública para seguir funcionando. El año pasado, el informe anual más reciente de Planned Parenthood Federation of America reveló que sus filiales en todo el país recibieron 699,3 millones de dólares en reembolsos y subvenciones gubernamentales por «servicios sanitarios», lo que representó el 39 % de sus ingresos totales durante ese periodo. Al mismo tiempo, esta red de clínicas practicó 392.715 abortos, mientras que sus procedimientos no relacionados con el aborto, como las citologías y las pruebas de detección del cáncer, siguieron disminuyendo en porcentaje respecto al conjunto de su actividad.
A las pocas semanas de asumir el cargo, Trump comenzó a aplicar la Enmienda Hyde (que prohíbe que la mayoría de los fondos federales se utilicen para financiar abortos electivos), restableció la Política de la Ciudad de México (que impide a las organizaciones no gubernamentales utilizar fondos públicos para abortos electivos en el extranjero) y congeló millones en subvenciones proabortistas al paralizar el gasto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
En marzo, la administración congeló las subvenciones del programa Title X de «planificación familiar» a organizaciones sin ánimo de lucro que, según indicó, violaban sus órdenes ejecutivas sobre inmigración e iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), incluidas filiales de Planned Parenthood en nueve estados.
Otros republicanos han propuesto medidas legislativas independientes para cortar por completo la financiación pública de Planned Parenthood: la ley No Taxpayer Funding for Abortion and Abortion Insurance Full Disclosure Act, que prohíbe permanentemente el uso de fondos federales para abortos; y la ley Defund Planned Parenthood Act, que excluye específicamente a Planned Parenthood y a sus filiales. Sin embargo, estas propuestas necesitarían 60 votos para ser aprobadas en el Senado.
