(InfoCatólica) El proyecto de ley, impulsado por el presidente Emmanuel Macron desde abril de 2024, busca legalizar la eutanasia activa y el suicidio asistido para adultos con enfermedades graves e incurables que experimenten sufrimiento intolerable. La propuesta establece salvaguardas como la aprobación de dos médicos independientes, un período de reflexión mínimo de un mes y la exclusión de menores o personas con trastornos mentales aislados.
Sin embargo, el Comité de la ONU, compuesto por expertos independientes que supervisan el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha calificado el borrador de «discriminatorio» y potencialmente sesgado contra las personas con discapacidad, al equiparar implícitamente su condición con una vida de menor valor.
En su dictamen detallado, el Comité argumenta que los criterios de elegibilidad —que incluyen limitaciones severas en la autonomía física o cognitiva— podrían aplicarse de manera desproporcionada a personas con discapacidad no terminal, fomentando una presión sutil para optar por la muerte asistida en ausencia de apoyos adecuados. «La legislación propuesta podría interpretarse como una invitación a la discriminación, violando el artículo 10 de la Convención, que obliga a los Estados a proteger el derecho inherente a la vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás», se lee en el documento. Además, se advierte de riesgos de coerción familiar o social, particularmente en contextos de escasez de recursos paliativos, y se critica la restricción a la objeción de conciencia para médicos, así como los procedimientos acelerados en fases terminales que podrían eludir revisiones exhaustivas.
Esta recomendación no es vinculante, pero representa una presión internacional significativa, similar a intervenciones previas en países como Canadá y España, donde se exigieron modificaciones para alinear las leyes con estándares globales de derechos humanos. El Comité ha solicitado al gobierno francés una respuesta formal en un plazo de 60 días, incluyendo planes concretos para fortalecer los cuidados paliativos y eliminar disposiciones ambiguas que perpetúen estigmas.
La petición ante la ONU fue impulsada por el European Centre for Law and Justice (ECLJ), una entidad provida con sede en Estrasburgo. La organización presentó un informe jurídico exhaustivo el 30 de mayo de 2025, respaldado por más de 16.900 firmas de ciudadanos franceses, tras una audiencia preliminar el 6 de mayo. «Esta intervención de la ONU es un hito inédito durante el debate parlamentario y refleja la gravedad de la amenaza para los más vulnerables», declaró el ECLJ en un comunicado posterior al dictamen.
La entidad ha lanzado la campaña «Personas con discapacidad: no a la eutanasia, sí a unos cuidados efectivos», que promueve alternativas como la ampliación de servicios de apoyo familiar y médico, y planea entregar la petición a los recién nombrados ministros de Sanidad, Discapacidad y Asuntos Exteriores una vez estabilizado el gobierno tras las turbulencias políticas de julio de 2024.
El ECLJ no actúa en solitario: asociaciones como Alliance VITA y la Orden de Médicos Franceses (*) han secundado las críticas, argumentando que la ley representa un retroceso ético al priorizar la muerte sobre la dignidad vital. En paralelo, el Parlamento francés aprobó por unanimidad una ley complementaria para potenciar los cuidados paliativos, reconociendo implícitamente las deficiencias actuales en el sistema de salud.
El proyecto superó su primera lectura en la Asamblea Nacional el 27 de mayo de 2025, con 305 votos a favor frente a 199 en contra, gracias al respaldo de la coalición centrista de Macron y parte de la izquierda. No obstante, el proceso se ha complicado por la inestabilidad gubernamental: la caída del gabinete de Michel Barnier en diciembre de 2024 obligó a reiniciar discusiones bajo François Bayrou en enero de 2025. Bayrou también perdió una moción de confianza hace unas semanas. El Senado programará su examen para el último trimestre de este año, con una votación final prevista para 2026 o incluso 2027, en un contexto de fragmentación parlamentaria post-electoral.
Encuestas independientes, como la de IFOP en mayo de 2025, revelan un apoyo público abrumador —alrededor del 92%— a la eutanasia en casos de sufrimiento extremo, con un 74% de médicos a favor. Sin embargo, persisten divisiones profundas: sectores laicistas y progresistas la defienden como un derecho a la autonomía personal, mientras que obispos católicos, grupos provida y expertos en bioética advierten de una «pendiente resbaladiza» que podría extenderse a discapacidades mentales o económicas, como ha ocurrido en Bélgica y Países Bajos.
(*) La Orden de los Médicos Franceses, conocida formalmente como Ordre des Médecins (o Consejo Nacional de l'Ordre des Médecins), es una institución profesional de derecho privado en Francia que cumple una misión de servicio público. Su principal función es regular deontológicamente el ejercicio de la profesión médica, garantizando el mantenimiento de principios éticos fundamentales como la moralidad, la probidad y el devoción en la práctica clínica.
