(InfoCatólica) La exclusión de Planned Parenthood del programa Medicaid, que proporciona cobertura médica a ciudadanos de bajos ingresos, forma parte de la Ley del Gran Proyecto Hermoso (OBBBA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso controlado por los republicanos en 2025. Esta legislación prohíbe durante un año el financiamiento de Medicaid a organizaciones exentas de impuestos y sus afiliadas que realicen servicios de aborto. Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos del país, recibía además fondos de Medicaid para servicios no relacionados con abortos, como anticoncepción, detección de cáncer, pruebas de infecciones de transmisión sexual y atención preventiva.
Revocan orden de jueza federal
La decisión del tribunal de apelaciones, formada por un panel de tres jueces, revocó una orden preliminar dictada en julio de 2025 por la jueza federal Indira Talwani. Esta había argumentado que la disposición de la OBBBA probablemente violaba principios constitucionales, incluyendo la prohibición de leyes de proscripción (que castigan a una entidad específica sin juicio) y los derechos de asociación protegidos por la Primera Enmienda. Aunque el tribunal de apelaciones no detalló las razones de su fallo, permitió que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. aplique la medida mientras continúan los litigios en curso.
Argumentos legales
Planned Parenthood y sus afiliadas presentaron demandas argumentando que la disposición constituye una ley de proscripción inconstitucional y vulnera los derechos de asociación al penalizar a organizaciones afiliadas que no realizan abortos. Además, alertaron sobre las «consecuencias catastróficas» de la medida, como el posible cierre de cerca de 200 centros de salud en 24 estados. Por su parte, la Administración Trump, representada por el Departamento de Justicia, defendió la legalidad de la medida, afirmando que no equivale a un castigo histórico y que el Congreso tiene autoridad para imponer condiciones al financiamiento federal.
Algunos estados seguirán financiado abortos
En estados como Ohio, Planned Parenthood anticipa dificultades inmediatas para aceptar pacientes de Medicaid. Sin embargo, algunos estados han prometido apoyo provisional: el gobernador de Washington, Bob Ferguson, anunció que destinará fondos estatales para cubrir la pérdida federal durante al menos un año, beneficiando a más de 100.000 pacientes, incluyendo 43.000 de Medicaid. En Maine, las afiliadas de Planned Parenthood planean absorber una pérdida de 900.000 dólares para mantener sus servicios.
Reacciones
Planned Parenthood calificó el fallo como un «golpe devastador» y una «prohibición encubierta del aborto», prometiendo continuar con las impugnaciones legales. Alexis McGill Johnson, presidenta de la organización, afirmó: «Seguiremos luchando contra esta ley inconstitucional, aunque este tribunal haya permitido que impacte a los pacientes». Por otro lado, grupos provida como Susan B. Anthony Pro-Life America elogiaron la decisión, argumentando que los contribuyentes no deberían financiar a una organización vinculada a más de 1.1 millones de abortos anuales. Operation Rescue lo celebró como una «victoria por la vida», anticipando el cierre de más centros de Planned Parenthood.
Perspectivas futuras
La exclusión de Planned Parenthood de Medicaid sigue siendo temporal, pendiente de resoluciones en los litigios en curso. Además, 22 fiscales generales estatales y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, han presentado demandas separadas contra la disposición. Es probable que el asunto llegue a la Corte Suprema.
