(InfoCatólica) Este proyecto, impulsado por la diputada laborista Kim Leadbeater y aprobado en junio de 2025 por la Cámara de los Comunes con una ajustada votación de 314 a favor y 291 en contra, marcó un hito desgraciado en el prolongado debate sobre la muerte asistida en el país, donde esta práctica sigue siendo ilegal y penalizada con hasta 14 años de prisión.
El Proyecto de Ley
El proyecto de ley permite que adultos mayores de 18 años, diagnosticados con una enfermedad terminal y una esperanza de vida inferior a seis meses, soliciten asistencia médica para poner fin a su vida, siempre que sean mentalmente competentes. Entre sus disposiciones clave se encuentran:
- La aprobación de la solicitud por parte de dos médicos independientes y un panel integrado por un trabajador social, un abogado y un psiquiatra.
- La prohibición de cualquier publicidad relacionada con la muerte asistida.
- La posibilidad de que los profesionales sanitarios se nieguen a participar por objeción de conciencia.
- Una pena de hasta 14 años de prisión por coaccionar a alguien para solicitar una muerte asistida.
- Un período de implementación de cuatro años tras su eventual aprobación.
El impulso a esta legislación ha sido alimentado por casos de notoriedad pública, como el de la periodista Esther Rantzen, quien, tras ser diagnosticada con cáncer terminal, ha abogado por el derecho a una muerte digna. Sin embargo, el proyecto ha generado rechazo no sólo por el fondo del asunto sino también por su redacción técnica, la falta de protocolos claros para monitorear complicaciones y la protección de personas vulnerables.
El Debate en la Cámara de los Lores
El debate del viernes, que se extendió por varias horas, contó con la participación de más de 130 lores y reflejó profundas divisiones éticas, legales y prácticas. Aunque no se realizó una votación formal, las intervenciones dejaron entrever una aparente mayoría en contra del proyecto en su forma actual, con una votación clave programada para el 19 de septiembre de 2025.
Voces a Favor
Varios lores defendieron el proyecto desde una perspectiva de autonomía y compasión. Lord Alderdice, exmédico, argumentó que el foco debe estar en la dignidad de los pacientes terminales, destacando que el derecho a elegir puede aliviar el sufrimiento. Baroness Hayman señaló que, aunque los cuidados paliativos son esenciales, no siempre son suficientes, y la opción de una muerte asistida puede ofrecer tranquilidad a quienes la desean. Lord Dubs, por su parte, compartió experiencias personales, recordando promesas hechas a amigos moribundos, y advirtió que rechazar el proyecto podría generar tensiones con la Cámara de los Comunes, electa democráticamente. Otros, como Lord Meston y Lord Johnson de Lainston, reconocieron fallos en el texto, pero lo consideraron un avance respecto a la situación actual.
Voces en Contra
La oposición fue contundente, centrándose en las deficiencias técnicas y los riesgos éticos del proyecto. Baroness Grey-Thompson, destacada defensora de los derechos de las personas con discapacidad, criticó la eliminación de los jueces en el proceso de aprobación, la oposición del Royal College of Psychiatrists y la falta de una evaluación de impacto por parte de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC). También señaló la ausencia de protocolos para abordar casos especialmente delicados, citando datos de Australia donde más del 70% de los casos de suicidio asistido no se monitorean adecuadamente. Baroness Fraser subrayó que el proyecto no protege suficientemente a las personas vulnerables, cuestionando qué tipo de «elección» se ofrece cuando el acceso a cuidados paliativos es limitado.
Baroness Meyer expresó su temor de que un «derecho a morir» pueda derivar en un «deber a morir», especialmente para personas en situaciones económicas precarias o con discapacidades. Lord Murray destacó fallos procedimentales y la falta de mecanismos para indagar las motivaciones detrás de las solicitudes, lo que podría dejar desprotegidos a los más vulnerables. Baroness Monckton, basándose en su experiencia con personas con discapacidades de aprendizaje, criticó la exclusión de familiares en el proceso y los riesgos de coerción. Otros lores, como Lord Gold, Lord McCrea, Lord Grabiner y Baroness Morris, señalaron problemas con el panel de aprobación, la exclusión del forense y la necesidad de más tiempo para perfeccionar el proyecto, calificándolo como «no apto para su propósito».
Reacciones
La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC) expresó preocupación por el impacto del proyecto en personas de diversos orígenes y con discapacidades, instando a una redacción más detallada. La Iglesia de Inglaterra, representada por el arzobispo John Sherrington y la obispa de Londres Sarah Mullally, reiteró su oposición, defendiendo la sacralidad de la vida y abogando por una mayor inversión en cuidados paliativos en lugar de legalizar la muerte asistida. Organizaciones de hospicios también manifestaron inquietudes sobre las implicaciones del proyecto en sus operaciones.
En las redes sociales, el debate generó un amplio intercambio de opiniones, con algunos usuarios destacando la necesidad de proteger a las personas con discapacidad y otros apoyando la autonomía individual.
Próximos Pasos
El debate en la Cámara de los Lores marca el inicio de un proceso de escrutinio que podría resultar en enmiendas significativas o el rechazo total del proyecto el 19 de septiembre. Si se aprueba, el proyecto regresará a la Cámara de los Comunes para resolver discrepancias en un proceso conocido como «ping-pong», antes de recibir la sanción real y entrar en vigor en 2029. De ser rechazado, podría retrasarse una década, como ha ocurrido con intentos previos en 2014, 2020, 2021 y 2024.
