(CH/InfoCatólica) Este proyecto de ley de iniciativa parlamentaria, presentado por la diputada laborista Kim Leadbeater, permitiría a los adultos con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales solicitar asistencia médica para poner fin a sus vidas. Fue aprobado en los Comunes a principios de este verano, apenas siete meses después de que los diputados debatieran por primera vez el tema.
La legislación recibió su primera lectura en la Cámara de los Lores el 23 de junio. Esta etapa fue puramente procedimental, sin debate, y la segunda lectura del 19 de septiembre será la primera oportunidad para que los lores examinen el proyecto en detalle.
Su avance en la cámara electa supuso un éxito poco habitual para un proyecto de ley presentado por un diputado de base, que normalmente enfrenta un camino incierto hacia su aprobación definitiva. Los diputados permitieron que el proyecto se evaluara por su contenido, sin verse obstaculizado por tácticas procedimentales, y superó las etapas en los Comunes mediante una votación libre.
La atención se centra ahora en la Cámara de los Lores, donde está previsto que los lores inicien el debate formal el 19 de septiembre, tras una primera sesión el 12 de septiembre. Si los lores enmiendan el proyecto, el texto regresará a los Comunes para una nueva consideración en un proceso parlamentario conocido como «ping-pong».
Se ha especulado sobre la posibilidad de que los lores rechacen la legislación en su totalidad, debido a numerosas deficiencias en su marco jurídico. La Cámara de los Lores ya ha examinado anteriormente varios proyectos de ley sobre suicidio asistido sin llegar a convertirlos en ley, con propuestas presentadas en 2014, 2020, 2021 y 2024.
La cámara no electa incluye a muchos miembros con experiencia en ámbitos directamente relacionados con el proyecto, como la medicina, el derecho y los derechos de las personas con discapacidad. Aunque la Convención de Salisbury —que desaconseja a los lores bloquear compromisos del manifiesto gubernamental— no se aplica en este caso, es poco común que los lores rechacen por completo un proyecto ya aprobado por los Comunes.
No obstante, el calendario de revisión podría resultar decisivo. El último intento de legislar sobre el suicidio asistido en los Lores, hace una década, se estancó debido al elevado número de enmiendas. Los lores tienen derecho a presentar y debatir cada enmienda, lo que podría consumir una cantidad significativa de tiempo parlamentario.
Los opositores advierten de que incluso una ley limitada sobre suicidio asistido podría socavar las protecciones para los grupos vulnerables. El lord Shinkwin, que tiene una discapacidad, declaró:
«Este proyecto de ley pondría precio a mi cabeza, y a la de tantas personas con discapacidad».
La Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales también ha expresado su oposición. En aprotaciones escritas presentadas ante el Comité del Proyecto de Ley sobre Suicidio Asistido a principios de este año, los obispos argumentaron que la vida es un don sagrado que debe ser valorado hasta la muerte natural, y que cualquier cambio en la legislación tendría consecuencias sociales perjudiciales.
Mostraron su preocupación por el hecho de que el término «muerte asistida» oculte la realidad del suicidio asistido, y advirtieron que dicha legislación podría minar la confianza entre médicos y pacientes. También señalaron estudios que evidencian la inexactitud de los pronósticos médicos, argumentando que los más vulnerables podrían estar en riesgo debido a juicios prematuros o erróneos.
Los obispos alertaron además de que la legalización podría afectar de manera desproporcionada a las personas con discapacidad y a los ancianos, especialmente en un contexto de presión sobre los servicios sanitarios y sociales. Citando ejemplos internacionales, afirmaron que, una vez legalizado el suicidio asistido, su ámbito de aplicación tiende a ampliarse más allá de las circunstancias inicialmente previstas.
En su lugar, los obispos abogaron por una mayor inversión en cuidados paliativos, celebrando la obligación legal introducida en 2022 para que los consejos de atención integrada proporcionen dichos servicios. Reiteraron su compromiso de acompañar a los enfermos y moribundos mediante atención pastoral, cuidados paliativos y asistencia espiritual en hospitales, y reafirmaron su oposición a cualquier ley que permita el suicidio asistido o la eutanasia.
