(InfoCatólica) Titulado «¿Dónde más busco? Vidas suspendidas: desapariciones forzadas en Nicaragua y la resistencia de quienes buscan», el documento destaca dos pilares de la represión estatal: las desapariciones forzadas y la persecución religiosa.
261 religiosos desterrados
El informe subraya la expulsión sistemática de religiosos, en particular de la Iglesia católica, considerada un objetivo prioritario por su papel como mediadora en el fallido diálogo nacional de 2018 y por sus denuncias de abusos. Entre los desterrados figuran el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez; los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez e Isidoro Mora; y el nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, expulsado en marzo de 2022. La relación incluye 140 sacerdotes, más de 90 religiosas, una decena de seminaristas y tres diáconos, todos forzados al exilio o al destierro.
Según el informe, esta persecución ha debilitado comunidades religiosas y ha tenido un impacto profundo en las familias que dependían de su labor espiritual y humanitaria. Además, el régimen ha clausurado 5.609 asociaciones sin ánimo de lucro, de las que 1.294 eran de carácter religioso, con confiscación de bienes. Entre 2018 y 2025 se cerraron 54 medios de comunicación, 22 de ellos religiosos, lo que, según las organizaciones, evidencia un ataque sistemático a la libertad de culto y de expresión.
Desapariciones forzadas: un «plan criminal»
El documento describe las desapariciones forzadas como una práctica estructural destinada a neutralizar la disidencia. Desde 2018 se han registrado más de 2.000 detenciones de carácter político, muchas acompañadas de incomunicación prolongada, torturas y traslados a centros clandestinos. Un caso destacado es el de Mauricio Alonso Petri, detenido en julio de 2025 y hallado muerto tras 38 días de desaparición forzada, lo que pone de manifiesto el riesgo de tortura y muerte bajo custodia estatal. Mujeres, adolescentes, personas mayores y líderes indígenas sufren impactos diferenciados: las mujeres padecen violencia sexual y torturas por razón de género, mientras que en adolescentes se observa ideación suicida asociada al aislamiento. Las familias buscadoras, mayoritariamente mujeres, afrontan hostigamiento, desinformación y costes económicos insostenibles, con testimonios como «¿dónde más busco?, ¿qué más hago?».
Llamamiento a la acción internacional
Las organizaciones reclaman el fin de las detenciones arbitrarias, la liberación de los presos políticos y la creación de mecanismos independientes de justicia. Instan además a la comunidad internacional a intensificar la vigilancia y a presionar para garantizar el acceso de organismos como la CIDH y la ONU, especialmente tras la retirada de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos en 2025. La presentación del informe, difundida por Zoom y redes sociales, tuvo eco en círculos de derechos humanos, con testimonios de familiares y defensores que subrayan la urgencia de actuar para evitar la impunidad.
