(UCANews/InfoCatólica) El último de los casos tuvo lugar el 25 de agosto, cuando funcionarios del Departamento de Inmigración (DOI) detuvieron en Katmandú al ciudadano estadounidense Daniel Courney, acusado de predicar la Biblia en un espacio público e intentar convertir a personas al cristianismo.
Según los responsables del DOI, Courney fue identificado tras la difusión de un vídeo en el que se le ve predicando el cristianismo en una estación de autobuses del distrito de Lalitpur, en el valle de Katmandú.
«Durante nuestra investigación preliminar, también detectamos su implicación en la gestión de un orfanato y el uso de menores para distribuir Biblias, carteles y folletos relacionados con el cristianismo», declaró el 28 de agosto a UCA News Ram Chandra Tiwari, director general del DOI.
Courney llegó por primera vez a Nepal en 2019 con un visado de turista y desde entonces ha viajado al país con distintos permisos, incluidos visados de estudiante y de negocios.
Unos días antes, el 21 de agosto, fueron arrestadas en Katmandú tres ciudadanas indonesias que habían ingresado en Nepal desde el año pasado con visados de estudiante y de turista. Las autoridades las acusan de participar en «actividades sospechosas», como la enseñanza del Corán y la educación islámica a cerca de 40 jóvenes con fines de proselitismo religioso.
Tiwari indicó que los agentes del DOI ya venían siguiendo a las tres mujeres desde hacía un tiempo, y aseguró que colaboraban con un refugio para niñas que habría recibido millones de dólares de financiación extranjera.
Posible deportación
Los extranjeros podrían ser deportados y recibir la prohibición de volver a ingresar en el país una vez finalice la investigación.
La legislación migratoria de Nepal prohíbe expresamente que los extranjeros desarrollen actividades laborales, comerciales o institucionales si cuentan únicamente con visado de turista o estudiante. Las infracciones pueden conllevar una multa de hasta 50.000 rupias (356 dólares), la deportación y la prohibición de entrada.
B. P. Khanal, dirigente cristiano, escritor y activista, afirmó que las recientes detenciones forman parte de una ofensiva sistemática contra la libertad religiosa.
«Entre las minorías religiosas crece el temor por ser objeto de un escrutinio cada vez mayor al ejercer la libertad de profesar o practicar su religión entre sus propios fieles», declaró a UCA News.
A su juicio, «el auge del nacionalismo hindú, tanto en el ámbito político como en el público, supone una seria amenaza para las minorías religiosas, en especial para los cristianos, que figuran entre los colectivos más atacados y perseguidos en Nepal».
Por su parte, Seema Khan, vicepresidenta de la Federación para la Paz Interreligiosa de Nepal, sostuvo que el gobierno está tratando de restringir la libertad religiosa mediante un control riguroso de las actividades de las minorías religiosas.
«Arrestar a personas por practicar o hablar en público sobre sus creencias religiosas constituye una violación de los derechos humanos fundamentales de cualquier individuo», señaló al comentar la detención de las ciudadanas indonesias.
Khan afirmó que miembros de las comunidades musulmana y cristiana están siendo discriminados y perseguidos por sus creencias religiosas en un Estado que se declara laico. Asimismo, sugirió que existe un vínculo entre la represión religiosa en Nepal y el próximo viaje del primer ministro K. P. Oli a la India.
«Los dirigentes nepalíes quieren enviar un mensaje a la India sobre el dominio religioso hindú en Nepal y su actuación frente a las minorías religiosas», manifestó.
Nepal, que en el pasado fue una monarquía hindú, se convirtió en una democracia laica tras la aprobación de la Constitución de 2008, la cual garantiza la libertad religiosa. No obstante, la conversión forzosa constituye un delito, algo que como ya ocurre en la India se usa para atacar a quienes buscan la conversión de hinduístas.
Organizaciones de derechos humanos han documentado la presión ejercida por grupos radicales sobre las minorías religiosas. En 2023, el Ministerio del Interior emitió una circular dirigida a las 77 oficinas distritales de la administración para que vigilen a los ciudadanos extranjeros presuntamente implicados en actividades ilegales, como el proselitismo y la conversión religiosa.
El mismo documento instaba a los gobiernos locales a supervisar a las personas y entidades que organizasen conferencias y encuentros religiosos con fines de promoción religiosa o conversión, y a actuar de inmediato en caso necesario.
Grupos cristianos criticaron duramente esta medida, al considerar que se dirigía directamente contra ellos y vulneraba su derecho constitucional a la libertad de religión.
En febrero, 17 ciudadanos estadounidenses fueron brevemente detenidos tras ser acusados de intentar convertir a personas a través de actividades de asistencia social. Posteriormente abandonaron el país sin que se tomasen más medidas.
