(Daily Telegraph/InfoCatólica) La Casa Blanca y el Departamento de Estado han criticado que estas restricciones constituyen una «violación flagrante» de la libertad de expresión y de religión, además de una señal de retroceso en materia de derechos fundamentales.
La normativa británica, aprobada el pasado año, establece que toda persona que rece en silencio o lleve a cabo cualquier acción de protesta en un radio de 150 metros de una clínica o de un hospital que ofrezca servicios de aborto puede enfrentarse a sanciones económicas. Estas denominadas zonas de seguridad, que buscan garantizar la privacidad de las mujeres que acuden a estos centros, han suscitado un debate en el ámbito político, jurídico y social.
El caso de Livia Tossici-Bolt, una ciudadana italiana de 64 años residente en Bournemouth desde hace más de tres décadas, se ha convertido en uno de los más destacados. Fue condenada en abril a una suspensión condicional de dos años y al pago de 20.026 libras en costas judiciales por sostener un cartel en el que se leía: «Aquí para hablar si quieres». La Administración de Donald Trump intervino entonces en su defensa y subrayó que se trataba de una cuestión relacionada con los derechos fundamentales de libertad de expresión y de religión.
Atentado a los derechos y al sentido común
En una nueva declaración, un portavoz del Departamento de Estado afirmó que «Estados Unidos sigue observando numerosos casos de ‘zonas de seguridad’ en el Reino Unido, así como otros actos de censura en Europa». Según la misma fuente, «la persecución en el Reino Unido de la oración en silencio no solo representa una violación flagrante de la libertad de expresión y religiosa, sino también un alejamiento preocupante de los valores compartidos que deberían sostener las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido». El portavoz añadió:
«Es de sentido común que permanecer en silencio y ofrecer una conversación consensuada no constituye un daño».
La preocupación de Washington sobre la situación en el Reino Unido se recoge igualmente en el Informe Anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, publicado la semana pasada. En el documento se advierte de la existencia de «informes creíbles de graves restricciones a la libertad de expresión». El vicepresidente estadounidense, JD Vance, retomó esta cuestión en febrero durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde aseguró que la libertad de expresión se encuentra «en retroceso» en territorio británico.
Vance también abordó el tema en la visita oficial del primer ministro británico, Keir Starmer, a la Casa Blanca. En presencia de Donald Trump, vinculó la preocupación estadounidense con la nueva legislación británica sobre seguridad en línea, que a su juicio afectaría a empresas tecnológicas tanto británicas como estadounidenses. El vicepresidente llegó a calificar las normas como «infracciones a la libertad de expresión», lo que motivó una respuesta de Starmer en defensa de la tradición británica en esta materia: «Hemos tenido libertad de expresión durante mucho, mucho tiempo en el Reino Unido y durará durante mucho, mucho tiempo».
En paralelo, funcionarios estadounidenses han mantenido contactos con organizaciones provida en el Reino Unido para escuchar testimonios de activistas que afirman haber sido objeto de censura. Además del caso de Tossici-Bolt, se ha mencionado el de Rose Docherty, una activista de 75 años que fue detenida en febrero cerca del Hospital Queen Elizabeth de Glasgow tras portar un cartel en el que se leía: «La coerción es un delito, aquí para hablar, solo si quieres». Posteriormente, fue absuelta. Tras reunirse con representantes de la Casa Blanca, Docherty declaró que resultaba «alentador» comprobar que «otros en el mundo, incluido el Gobierno de Estados Unidos, han reconocido esta injusticia y mostrado su apoyo».
Las organizaciones críticas con las protestas, como BPAS, principal proveedor de servicios de aborto en el Reino Unido, han advertido de la aparición de nuevos centros de embarazo en crisis que, en su opinión, podrían suponer un intento de disuadir a las mujeres de abortar. Según la entidad, estos recursos, que contarían con asesoramiento y formación más estructurados que en el pasado, podrían «causar un daño significativo» al interferir en las decisiones personales de las pacientes.
Desde Downing Street, un portavoz gubernamental ha insistido en que «la libertad de expresión es vital para la democracia, también aquí en el Reino Unido, y estamos orgullosos de defenderla al mismo tiempo que protegemos a los ciudadanos».
