(LSN/InfoCatólica) El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, anunció el pasado 13 de agosto que ha encargado a la Policía Estatal de Virginia una investigación criminal a raíz de las acusaciones de que una trabajadora social del Centreville High School, Carolina Díaz, con el respaldo del director del centro, Chad Lehman, habría organizado y financiado abortos para dos adolescentes sin el conocimiento ni consentimiento de sus progenitores.
Según informaciones publicadas por LifeSiteNews, el periodista independiente Walter Curt destapó este mes el caso de una joven de 17 años que, presuntamente, fue conducida por Díaz a someterse a un aborto, tras lo cual le habría exigido guardar silencio. Una segunda menor, embarazada de cinco meses, habría suplicado a la trabajadora social poder quedarse con su bebé, pero Díaz le habría asegurado que abortar era su «única opción». La joven acabó huyendo de la clínica.
«Estoy profundamente preocupado por las acusaciones de que responsables de los centros públicos de Fairfax habrían organizado abortos para menores sin el consentimiento paterno, y de que incluso podrían haber utilizado fondos públicos para ello», declaró Youngkin. «He ordenado a la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Estatal que abra una investigación completa de forma inmediata».
La ley vigente en Virginia establece que las menores de 18 años deben contar con el consentimiento de al menos uno de sus padres, con un mínimo de 24 horas de antelación, para poder abortar.
Según reveló Curt, el director del centro, Chad Lehman, no solo estaba al tanto de los hechos, sino que habría autorizado el uso de fondos escolares para costear los abortos. «El director Chad Lehman, insisten las chicas, lo sabía —y los contribuyentes pagaron la factura», escribió Curt. «Si se confirman estas acusaciones, las escuelas públicas del condado de Fairfax habrían pasado de ser centros educativos a financiadores clandestinos de abortos—utilizando dinero público para anular los derechos de los padres y presionar a chicas asustadas».
En un pódcast difundido un día después de publicar la información, Curt instó al gobernador Youngkin y al fiscal general de Virginia, Jason Miyares, a intervenir. «Este es el momento en que el liderazgo de Virginia debe implicarse. Gobernador Youngkin, fiscal general Miyares, les toca actuar. Si quieren tomar la iniciativa moral de cara a las elecciones de noviembre, esta es la historia que lo permite».
Curt también pidió auditorías y citaciones para esclarecer el destino de los fondos públicos: «Deben investigar, emitir citaciones, auditar cada dólar que haya salido de las escuelas de Fairfax hacia ese supuesto centro de salud. Si no lo hacen, no convencerán a los padres de que están de su parte».
