(InfoCatólica) El tribunal de Montreuil ya había dictaminado el 7 de febrero de 2024 que la técnica de diagnóstico preimplantatorio de aneuploidías (DPI-A) era una práctica prohibida en Francia, aunque la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento (ANSM) había autorizado el proyecto clínico DEVIT.
La Corte de Apelación administrativa de París ha confirmado que la ANSM no tenía competencia para autorizar dicho ensayo.
La Fundación Jérôme Lejeune, que promovió el recurso junto a cinco adultos con trisomía 21, valoró esta decisión como una nueva victoria contra las graves «derivas eugenésicas» de la industria de la procreación. Jean-Marie Le Méné, su presidente, alertó sobre la estrategia de las llamadas «ilegalidades fecundas»: el uso de prácticas ilegales como argumento para luego cambiarlas legalmente.
Madeleine Maillet, una de las adultas con trisomía 21 que se implicó en el caso, declaró:
«Soy diferente. Os respeto; entonces aceptadme como soy, como somos».
Aunque la decisión judicial supone una victoria, existen presiones políticas para reabrir el debate. El diputado Philippe Berta solicitó reanudar la discusión parlamentaria, y se prevé que el tema del DPI-A vuelva a tratarse en la revisión de la ley de bioética prevista para 2028.
