(AsiaNews) El patriarca de Moscú, Kirill (Gundjaev), salió a criticar el proyecto de ley contra la violencia familiar que se debate en estos días en el Consejo Federal (el Senado ruso). Durante una liturgia solemne en la catedral de la Asunción del Kremlin, celebrada el 4 de diciembre, Kirill advirtió que hay que «ser muy prudentes» con este proyecto, y no porque se pretenda admitir la violencia familiar, sino porque «hay algo peligroso en las tendencias que se configuran en esta época, inclusive en la esfera legislativa, cuando, bajo la forma de una lucha contra los abusos familiares, se procura justificar la intromisión de fuerzas externas en la vida de la familia».
El patriarca pone en guardia sobre las organizaciones sociales, estatales e incluso de voluntariado que pretenden funcionar como reguladores de la vida familiar. Según el líder ortodoxo, «la familia es un espacio sagrado, de personas que se aman» y este amor debe ser preservado, sin violencia, y sin intromisiones. Cuando se interviene desde afuera, aún cuando sea de buena fe, las consecuencias pueden ser devastadoras; así como la violencia es un pecado sumamente grave, la injerencia debe ser igualmente evitada, a toda costa.
Las palabras del patriarca fueron respaldadas oportunamente por medio de una declaración de la Comisión Patriarcal para la familia, publicada por Interfax, en la cual se afirma que «el proyecto de ley contiene toda una serie de defectos jurídicos, que lo tornan inaceptable», ya que crearía un sistema de normas alternativo al que rige actualmente. Los padres y los demás miembros de la familia podrían verse sometidos a limitaciones similares a las que se aplican a los criminales, basándose en la presunción de culpabilidad, sin verdaderas garantías procesales.
Según estas normas, cualquier persona podría ser acusada de violencia doméstica sin ninguna prueba, en base a meras sospechas y denuncias. Como consecuencia, cualquier persona mayor de edad podría verse sometida a «medidas profilácticas» de tipo represivo. Esto empujaría a la gente a usar el sistema, induciéndola a culpar a sus allegados y enemigos, llevando a una situación de sospecha y enemistad recíprocas. Tal como afirma la Comisión Patriarcal, «quieren convencer a nuestro pueblo de que la familia rusa no es más que una lúgubre cámara de torturas para mujeres y niños, usando datos estadísticos que no se corresponden con la realidad».
Según los datos a los que alude el comunicado, el 40% de los hechos de violencia contra mujeres y niños se producen entre las 4 paredes del hogar familiar, y cada año 14.000 mujeres son asesinadas por su pareja. El patriarcado cuestiona la veracidad de estos datos, cuya manipulación conduciría al apoyo activo de las organizaciones vinculadas con «ideologías que son radicalmente contrarias a la familia», como las ideologías feminista y LGBT, y muchas de ellas recibirían amplia financiación del exterior.
Estas acusaciones encienden los conflictos sociales entre los movimientos libertarios y aquellos más tradicionalistas: una diputada de la Duma de Estado, Oksana Pushkina, contó que había recibido amenazas de parte del movimiento ortodoxo «Cuarenta cuarentones», formado por «militantes defensores» de la Ortodoxia. Por otro lado, algunos representantes oficiales de la Iglesia ortodoxa recientemente han difundido declaraciones muy provocadoras sobre el tema. El presidente de la misma Comisión para la Familia, el protoierej Dmitrij Smirnov, en el pasado mes de septiembre declaró que - con finalidades educativas - «se puede dar a los niños alguna que otra bofetada», porque este medio es «muy eficaz». El año pasado, el metropolitano Hilarios (Alfeev) había sostenido que las mujeres sometidas a situaciones de violencia no debieran hablar de ello en público, porque «la discusión de estas problemáticas, de una forma u otra, es hacer propaganda del pecado».
La presidenta del Senado, Valentina Matveenko, replicó al comentario, afirmando que el principal objetivo de la ley que se está debatiendo es «la creación de un sistema estatal eficaz, para la prevención de la violencia en la vida común de los ciudadanos»; se reconoce que la sociedad tiene «distintas posiciones» al respecto, razón por la cual los legisladores estarían procurando el mejor entendimiento posible orientado a detener la violencia doméstica «sin injerencias ni coacción».