(Agencias/InfoCatólica) El proyecto establece sanciones económicas e incluso el cierre de todo medio que autorice y publique lo que un Consejo formado por el Gobierno, movimientos sociales afines al Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo consideren “ideas racistas y discriminatorias”.
La Conferencia Episcopal afirma que la Iglesia rechaza la discriminación y el racismo porque “vulneran la libertad e igualdad de las personas, y fundamenta su compromiso en la ley natural universal y en los valores propios de nuestras culturas, porque somos hijos de Dios”. Pero advierte que el proyecto de ley “da lugar a un estado de inseguridad jurídica para las personas individuales y colectivas, que no cuentan con un parámetro claro de cuáles son las conductas que serán calificadas y juzgadas como discriminatorias”.
Al mismo tiempo, asegura que existe el riesgo de la imposición de “un pensamiento único y una sola visión de persona y sociedad que amenazan una sana convivencia social y el sistema democrático”. Si bien la norma pretende aportar a la erradicación de prácticas discriminatorias en la sociedad boliviana, “tal como está redactada entraña también serios riesgos para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas e instituciones sociales”, concluye.
Morales acusa de racistas a los que se oponen a la ley
El presidente Evo Morales ha defendido de forma férrea el proyecto tal como ésta redactado y ha pedido al Senado que no haga cambios, al tiempo que ha afirmado que quienes se oponen la norma lo hacen porque son “racistas confesos”. Morales ha dicho varias veces que la prensa está entre sus “primeros enemigos” y hace tres semanas sostuvo que es su obligación “erradicar a los racistas que son dueños de medios de comunicación”.
La semana pasada, la Sociedad Interamericana de la Prensa celebró que haya leyes en Bolivia que garanticen “la igualdad de todos los ciudadanos”, pero expresó su preocupación porque varios artículos de la norma tienen elementos que limitarán la libertad de información. En la misma línea, Reporteros Sin Fronteras apoyó que se promueva esta norma, pero pidió que se precise su redacción para “descartar de inicio todo riesgo liberticida con el apoyo de la nueva ley”.
