(Libertad Digital/InfoCatólica) En 2008, el Partido Socialista se comprometió a no tocar los acuerdos con la Iglesia pero sí que adquirió el compromiso de promocionar “activamente” la separación entre la Iglesia y el Estado. Para ello decidió promocionar un Observatorio de la Laicidad, la Libertad de Conciencia y las Creencias, que serviría para “evaluar las políticas públicas y las normas jurídicas”.
Tal Observatorio de la Laicidad, en cuya página web no figuran organismos patrocinadores ni de dónde obtienen financiación, ha asegurado que en Semana Santa “el Estado parece apostar y privilegiar una determinada opción religiosa, olvidando que es la organización política de toda la ciudadanía”. Afirma que esta situación rememora épocas medievales y del nacionalcatolicismo, “donde la confusión y unión del Estado con la Iglesia privilegiaba al catolicismo por encima de cualquier otra opción personal”.
En este sentido, recordó que “las personas a título personal pueden y tienen derecho a manifestar sus convicciones sean religiosas o no, pero los funcionarios, las instituciones y las autoridades no”. Por ello, considera que su presencia supone “atentar a la aconfesionalidad del Estado y su neutralidad ante las distintas opciones de conciencia que pueda tener la ciudadanía”. Su propuesta es “eliminar la presencia del Ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional en procesiones y actos religiosos de cualquier tipo y confesión”, así como “anular los nombramientos de carácter religioso a las Instituciones y Cuerpos del Estado”.
Asimismo, el Observatorio de la Laicidad invitó a “denunciar e impedir el uso del himno nacional en actos religiosos” y rechazó la posibilidad de modificar el Reglamento de Honores Militares para permitirlo. Tocar el himno nacional en dichas procesiones, según él, está en contra de lo establecido legalmente en el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, por el que se regula su utilización, aunque se mantiene el uso del himno nacional para el “santísimo sacramento”.
Por último, defiende la necesidad de “regular la presencia de autoridades y funcionarios públicos, para que en cuanto tales no puedan asistir a ceremonias y actos religiosos”, de tal modo que sólo puedan acudir “a título personal y no representativo del cargo o función que ostenten”. A su juicio, así el Estado respetaría la libertad de conciencia del conjunto de la ciudadanía, “sin injerencias o privilegios hacia alguna de las opciones, con independencia del apoyo social que pueda tener cada una”.
