¿Detendrá Gallardón el genocidio?

En torno al 90 por ciento de las personas que deberían haber nacido con este síndrome han sido eliminadas antes de haber vivido entre 150 y 165 días cuando han sido delatadas por el sistema sanitario en el plazo establecido.

La medida anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón sobre la intención del Gobierno para proteger a los concebidos que deberían nacer con alguna discapacidad o dependencia supone una esperanza para todos esos seres humanos para los que un diagnóstico prenatal adverso ha sido sinónimo de pena de muerte. 
Desde el año 1985, en el que entró en vigor la ley de aborto del Gobierno de Felipe González, en España han sido eliminados antes del parto unos 45.000 niños en gestación bajo el supuesto de «riesgo fetal», que permitía el aborto hasta los cinco meses y medio. En el último año, gracias a la «ley Aido» que amplió el plazo sine die cuando se tratase de lo que el legislador llamó «enfermedades incompatibles con la vida» e «incurables en el momento del diagnóstico» fetos diagnosticados de Síndrome de Down a las 32 semanas han sido eliminados sin piedad y en total impunidad.
El grupo humano que más ha sufrido este despiadado uso del diagnóstico prenatal ha sido precisamente el de los Síndrome de Down contra el que existe un eficaz sistema de selección y detección prenatal extendido por todo el país con la complicidad de los profesionales médicos y sociedades científicas como la SEGO. 
En torno al 90 por ciento de las personas que deberían haber nacido con este síndrome han sido eliminadas antes de haber vivido entre 150 y 165 días cuando han sido delatadas por el sistema sanitario en el plazo establecido. La razón de ello ha sido la desprotección jurídica del derecho a la vida de esta categoría de seres humanos que han sido discriminados por razones de salud y de edad por las leyes abortistas que han existido en este país.
La sinrazón ha llegado al extremo de que los jueces condenasen a los médicos cuando el fallo o la ausencia de un diagnóstico prenatal «privó a los padres de la información necesaria para decidir sobre la continuidad del embarazo». Es decir, que se condena a los médicos o al sistema sanitario porque nazcan vivos niños con símdrome de Down. En este ambiente, las presiones que sufren los padres son evidentes; la sombra de la crueldad y de la inmisericordia planeará sobre aquellos que deciden amar a sus hijos discapacitados y dependientes o con corta esperanza de vida hasta su final natural y sobre aquellas madres que, en casos extremos, dan a sus hijos lo único que les pueden dar: su matriz para que vivan en ella el tiempo que su naturaleza tenga previsto.
Esperemos que Ruiz-Gallardón se sume cuanto antes a esos ginecólogos y padres con mayúsculas que decidieron proteger las vidas de los hijos más vulnerables y sea para éstos un verdadero abogado defensor cuando otros profesionales de la medicina y sus propios padres no estén decididos a defenderlos.
Esteban Rodríguez
Ginecólogos por el Derecho a Vivir y presidente de la comisión deontológica de gineólogos DAV

La medida anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón sobre la intención del Gobierno para proteger a los concebidos que deberían nacer con alguna discapacidad o dependencia supone una esperanza para todos esos seres humanos para los que un diagnóstico prenatal adverso ha sido sinónimo de pena de muerte. 

Desde el año 1985, en el que entró en vigor la ley de aborto del Gobierno de Felipe González, en España han sido eliminados antes del parto unos 45.000 niños en gestación bajo el supuesto de «riesgo fetal», que permitía el aborto hasta los cinco meses y medio. En el último año, gracias a la «ley Aido» que amplió el plazo sine die cuando se tratase de lo que el legislador llamó «enfermedades incompatibles con la vida» e «incurables en el momento del diagnóstico» fetos diagnosticados de Síndrome de Down a las 32 semanas han sido eliminados sin piedad y en total impunidad.

El grupo humano que más ha sufrido este despiadado uso del diagnóstico prenatal ha sido precisamente el de los Síndrome de Down contra el que existe un eficaz sistema de selección y detección prenatal extendido por todo el país con la complicidad de los profesionales médicos y sociedades científicas como la SEGO. 

En torno al 90 por ciento de las personas que deberían haber nacido con este síndrome han sido eliminadas antes de haber vivido entre 150 y 165 días cuando han sido delatadas por el sistema sanitario en el plazo establecido. La razón de ello ha sido la desprotección jurídica del derecho a la vida de esta categoría de seres humanos que han sido discriminados por razones de salud y de edad por las leyes abortistas que han existido en este país.

La sinrazón ha llegado al extremo de que los jueces condenasen a los médicos cuando el fallo o la ausencia de un diagnóstico prenatal «privó a los padres de la información necesaria para decidir sobre la continuidad del embarazo». Es decir, que se condena a los médicos o al sistema sanitario porque nazcan vivos niños con símdrome de Down. En este ambiente, las presiones que sufren los padres son evidentes; la sombra de la crueldad y de la inmisericordia planeará sobre aquellos que deciden amar a sus hijos discapacitados y dependientes o con corta esperanza de vida hasta su final natural y sobre aquellas madres que, en casos extremos, dan a sus hijos lo único que les pueden dar: su matriz para que vivan en ella el tiempo que su naturaleza tenga previsto.

Esperemos que Ruiz-Gallardón se sume cuanto antes a esos ginecólogos y padres con mayúsculas que decidieron proteger las vidas de los hijos más vulnerables y sea para éstos un verdadero abogado defensor cuando otros profesionales de la medicina y sus propios padres no estén decididos a defenderlos.

 

Esteban Rodríguez, Ginecólogos por el Derecho a Vivir y presidente de la comisión deontológica de gineólogos DAV

 

 

Artículo publicado originalmente en La Razón. Reproducido con permiso del autor

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5 comentarios

Juan Mariner
Lamentablemente Ruiz-Gallardón no detendrá el genocidio: ni puede ni quiere.
1/08/12 11:49 AM
antonio azcárate m.
Ya, vale, pero las progres católicas -o seudocatólicas, según algunos- ya están poniendo el grito en el cielo. Argumentan o pretextan que el aborto es un derecho de la mujer, porque es la mujer la que ha de decidir si abortar o no en conciencia...

La doctrina del Magisterio parece traerles al fresco... en esta controversia y en otras tantas.
1/08/12 10:29 PM
Jose Rodriguez
Ya esta bien. NADIE OS OBLIGA a abortar si no quereis. NO os metais con los derechos de los demas. Siempre exigis derechos para los catolicos pero quienes no lo son no os importan en absoluto. Vivid y dejar vivir a los demas con sus conciencias. Sois unos arrogantes que quereis imponer vuestras creencias a los demas. La religion es algo PRIVADO.
6/08/12 1:01 AM
Etarra
José. Ya esta bien. NADIE TE OBLIGA a asesinar si no quieres. NO te metas con los derechos de los demas.
6/08/12 1:13 AM
Lucano
José,no te metas con los derechos de los demás, en especial con el derecho de los demás a vivir, si eres ateo es algo privado, no tienes derecho a obligar a morir a tus hijos solo porque no creas en Dios.¿O es que a los ateos no os importan en absoluto los derechos de los demás hasta el punto de asesinarlos?
Asi que eso es lo que debeis hacer los ateos vivir y dejar vivir a los demás y no comportaros como unos arrogantes criminales. Es de salvajes matar a los Down.
6/08/12 10:17 AM

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