No podemos resignarnos a aceptar el aborto
La aceptación social del aborto es, prácticamente, unánime y total. Personas serias y cabales, y de buen corazón, que reconocen lo obvio – y hace falta empeñarse mucho en no querer “ver” para “no ver” - ; es decir, personas que se dan cuenta de que abortar es matar a un ser humano durante la etapa embrionaria de su existencia, sin embargo se retraen a la hora de decir que el aborto merece un reproche penal.
Han sucumbido, casi todos, a la perversa lógica de la primera ley del aborto aprobada en España por un Gobierno del PSOE, y a la legitimación legal – leguleya, diría yo – de la misma a cargo de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional.; esa sentencia que hablaba del nasciturus, o de la vida del nasciturus, como “bien jurídico” y “comprendía” la despenalización del delito de aborto en determinados supuestos.
En aquel entonces, allá por el 1985, se consideraba que el aborto era un mal. Un mal, sí. Pero un “mal menor” – nefasto concepto, visto lo visto - . Nadie, en teoría, querría aprobar el aborto. Nadie, en teoría, querría abortar. Se decía que, en cualquier caso, serían casos extremos: un riesgo grave para la salud de la madre, un embarazo como consecuencia de una violación o una grave tara en el feto.
En la práctica, y los registros del Ministerio de Sanidad así lo han manifestado, se abortaba libremente. Con una tasa anual, muy pronto, de unos 100.000 abortos. Es naturalmente imposible pensar en 100.000 casos límite en los que la Justicia, asombrada ante las difíciles circunstancias que motivarían el indeseable recurso al aborto, se inhibiese a la hora de penalizar tal conducta.
Y no era solo una conducta personal tolerada, no. Se podía abortar, en la práctica, libremente, a cargo de los presupuestos generales del Estado y en centros públicos de salud.
La llamada “Ley Aído”, de 2010, consagraba, para mayor seguridad jurídica de abortantes, abortadores y abortorios, lo que ya estaba vigente en la práctica. Pero ya el aborto dejaba de ser delito, no tanto en determinados supuestos, sino en determinados plazos.
El partido actualmente gobernante, el PP, había recurrido, sucesivamente, tanto la primera ley del aborto como la segunda. Tras la primera sentencia del Tribunal Constitucional, defendió dicha sentencia como si en ello se le fuese la vida. A la espera de una nueva sentencia del Constitucional, ha retirado un proyecto de ley, liderado por el exministro Ruiz Gallardón, con la pintoresca excusa de que “no hay consenso”. Vamos, como si hubiese habido “consenso” en otras leyes; pongamos la de la reforma laboral o la ley de educación.

En el concreto tema del acceso a la comunión de los católicos divorciados que han contraído una nueva unión civil, se juega, creo yo, un tema pastoral - y no solo - de primera magnitud: la adecuación entre texto y contexto.
La misericordia de Dios se despliega en su plan de salvación; un designio que abarca a todos los hombres de todos los pueblos. La voluntad divina es “que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (2 Tim 2,4). Dios va llamando a quienes se encuentran en la plaza del mundo para invitarlos a trabajar en su viña, a formar parte de su Iglesia. A todos, independientemente de cuando se produzca la llamada - a primera hora del día o al caer la tarde- , les ofrece el mismo salario, que no es otro que la vida eterna.
El “consenso”, tan invocado últimamente para lo que conviene y tan despreciado para lo que conviene menos, es el acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. No podemos negar que, en nuestra sociedad, existe un amplio consenso en varios temas: Casi todos estamos de acuerdo en que no es lícito maltratar a las mujeres (ni a nadie); en que es preciso proteger la naturaleza; en que no cabe permitir que un asesino salga a la calle disparando tiros a diestro y siniestro. En todo esto, el consenso surge casi espontáneamente.
La palabra “rebelión” es muy fuerte. Designa un “delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos”. Si aplicásemos esa categoría, “rebelión”, al ámbito eclesiástico diríamos que son rebeldes quienes se alzan contra las legítimas autoridades de la Iglesia: contra el propio obispo o, aún peor, contra el Papa.












