(EP/InfoCatólica) En marzo de 2006 un tribunal de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental dictaminó que la ciudadana iraní Sakiné Mohamadi Ashtiani, de 43 años, había mantenido “relaciones ilícitas” con dos hombres tras la muerte de su marido. En ese momento se le condenó a una pena de flagelación, por la cual recibió un total de 99 latigazos.
Sin embargo, en septiembre de este mismo año, durante el juicio de un hombre acusado de asesinar al marido de Ashtiani, otro tribunal diferente reabrió su caso y allí se le acusó de haber mantenido relaciones con los dos hombres mientras su marido vivía. Pese a que se retractó de una confesión que afirmó había sido obligada a realizar bajo coacción, este nuevo tribunal la halló culpable y la condenó a muerte. Desde que entonces Ashtiani ha permanecido en prisión.
Campaña Internacional para evitar la lapidación
Recientemente el abogado de Ashtiani y diversas asociaciones pro Derechos Humanos alertaron de que las peticiones de clemencia habían sido desestimadas por las autoridades iraníes y Amnistía internacional advirtió ayer de que la ejecución era inminente. El ministro de Asuntos Exteriores británico, William Hague afirmó que la muerte por lapidación es un “castigo medieval”, y que su aplicación continuada en Irán constituye una violación de los Derechos Humanos.
Una interpretación estricta de la ley islámica en Irán castiga con 100 latigazos el mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero aquellos que mantienen relaciones con una persona casada son sentenciados a muerte por lapidación. En esta forma de ejecución, la ley sostiene que las piedras usadas han de ser lo bastante grandes como para no hacer sufrir demasiado al condenado, pero también lo suficientemente pequeñas para que el ejecutado no muera inmediatamente.
