(CNA/InfoCatólica) El Holy Name College Friary de Silver Spring, Maryland, recibió el 4 de abril, durante la Semana Santa, una orden de cese y desistimiento que le ordenaba interrumpir todos los servicios que presta en el Walter Reed National Military Medical Center de la cercana Bethesda, Maryland.
En lugar de renovar el contrato, que expiraba el 31 de marzo, el centro médico anunció que contrataría a la empresa laica Mack Global, LLC, en lugar de a los frailes.
La página web de Mack Global dice que la empresa presta servicios al ejército estadounidense, a agencias gubernamentales y a empresas privadas en servicios de consultoría de teletrabajo, dotación de personal administrativo y religioso, transporte y servicios viarios, y desarrollo profesional y formación. Su cartera de productos incluye suministros de conserjería, equipos tácticos y de entrenamiento, materias primas y maquinaria industrial. En concreto, comercializa puertas estancas y equipamiento para gimnasios.
En una carta al Secretario de Estado, Lloyd Austin, Chris Smith, congresista republicano por Nueva Jersey y católico, acusó a la administración de «falta de consideración hacia las necesidades y derechos religiosos de los miembros del servicio» y dijo tener «serias dudas» sobre la capacidad de una organización laica para proporcionar a los católicos la atención pastoral que necesitan.
«Esto pone de manifiesto un juicio cuestionable por parte de los oficiales al adjudicar un contrato de atención pastoral católica a una empresa con ánimo de lucro más adecuada para prestar servicios industriales en lugar de a una institución religiosa católica con un sólido historial de prestación de servicios pastorales», afirmó Smith en la carta.
Smith pidió a Austin que respondiera a una serie de preguntas sobre la decisión de cambiar a un contratista laico. La carta, enviada el 14 de abril, pide respuestas en un plazo de 14 días.
En la carta, Smith preguntaba por qué el departamento envió una carta de cese durante la Semana Santa y por qué optaron por un contratista con ánimo de lucro. También pregunta si los frailes fueron «notificados oportunamente» y si tienen en cuenta la «relación con instituciones religiosas establecidas» de un licitador.
Además, preguntó qué medidas tomará el departamento para «revisar el... proceso de contratación y los requisitos relativos a los contratos de servicios de atención pastoral» y pidió una justificación para «adjudicar un contrato de atención pastoral católica a un contratista de defensa con ánimo de lucro en lugar de a una orden religiosa afiliada a la Iglesia católica».
Smith afirmó que no es la primera vez que el Departamento de Defensa no tiene debidamente en cuenta las «necesidades y derechos religiosos» de los miembros del servicio.
«El gran número de denegaciones de exenciones religiosas para la vacuna COVID-19 y la cuestionable toma de decisiones en relación con la prestación de servicios de atención pastoral suscitan serias preocupaciones sobre el compromiso del Departamento de Defensa de respetar los derechos de conciencia de quienes se presentan voluntarios para servir a nuestra nación», dijo Smith.
Smith añadió que esta decisión, «unida a la reciente revelación de que el FBI tiene a los católicos en el punto de mira para aumentar la vigilancia en Richmond, Virginia, y el fracaso del Departamento de Justicia a la hora de perseguir los repetidos actos de vandalismo anticatólico en las iglesias» plantea interrogantes sobre «el respeto y la protección por parte del gobierno federal de los derechos religiosos innatos de los católicos en Estados Unidos».
Más cartas
A principios de la semana pasada, el 11 de abril, más de dos docenas de legisladores enviaron una carta similar a Austin solicitando información sobre la decisión del departamento de cambiar de contrato. Los legisladores argumentaron que se trataba de una violación de la Primera Enmienda.
«Sacerdotes y pastores guiaron a nuestras tropas en los días más oscuros de nuestras batallas más duras», dijo en un comunicado la representante Mary Miller, republicana por Illinois, que encabezó la coalición.
«La administración Biden eligió el fin de semana de Pascua para echar a los sacerdotes católicos de Walter Reed, violando su derecho de la Primera Enmienda al libre ejercicio de la religión», añadió Miller. «Estoy orgulloso de encabezar esta carta al secretario de Defensa de Biden para exigir respuestas sobre este ataque desmesurado contra los miembros cristianos del servicio y la Primera Enmienda».
El arzobispo Timothy P. Broglio, arzobispo castrense y presidente de la Conferencia Episcopal de EE.UU, también criticó la decisión.
«Es incomprensible que se prive de una atención pastoral esencial a los enfermos y ancianos cuando estaba tan fácilmente disponible», dijo Broglio.
«Este es un caso clásico en el que se aplica el adagio 'si no está roto, no lo arregles'. Me temo que al dar un contrato al licitador más barato se ha pasado por alto el hecho de que el licitador no puede prestar el servicio necesario. Espero sinceramente que se ponga remedio de inmediato a este desprecio por los enfermos y se respeten sus derechos amparados por la Primera Enmienda», declaró Broglio.
