(Agencias/InfoCatólica) Los nueve jueces del Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial de Canadá, votaron a favor de revertir la decisión de 1993 y firmaron de forma conjunta el fallo, lo que los expertos legales afirman que es inusual y tiene la intención de reforzar el consenso.
El fallo da 12 meses a los Estados y al Gobierno del país para elaborar la ley correspondiente. Si no lo hacen, el tribunal no procesará a los facultativos que ayuden a alguien a morir.
El fallo no obliga a los médicos a colaborar con quien les pida ayuda para quitarse la vida. Estos podrán objetar si así lo consideran.
Los jueces explican en su dictamen que no están de acuerdo en que «la formulación existencial del derecho a la vida requiere una absoluta prohibición a la muerte asistida o que los individuos no pueden 'renunciar' a su derecho a la vida».
Dicen que no existe un «deber a vivir»
«Esto crearía un 'deber a vivir' en vez de un 'derecho a la vida' y cuestionaría la legalidad de cualquier consentimiento a la retirada o negativa de tratamientos para salvar vidas o mantener la vida», añade el Tribunal Supremo.
La revisión de la prohibición al suicidio asistido médico es consecuencia de las demandas presentadas por dos mujeres, Kathleen Carty y Gloria Taylor, que sufrían enfermedades crónicas degenerativas.
Carter murió en 2010 en una clínica suiza que practica suicidios asistidos, mientras que Taylor falleció en 2012 a causa de una infección.
Pero antes de morir ambas recurrieron a los tribunales, lo que inició el proceso judicial que ha terminado hoy.
