(InfoCatólica) La activista franco-estadounidense, portavoz de la Declaración de Casablanca, descubrió a los 30 años que había sido gestada por encargo. Tras una adolescencia marcada por las drogas y los intentos de suicidio, hoy recorre el mundo pidiendo la abolición universal de la práctica mediante un tratado internacional. En agosto visitó Argentina, donde denunció el vacío legal que alimenta un mercado que moverá 200.000 millones de dólares en 2032.
Olivia Maurel tenía seis años cuando una certeza inexplicable comenzó a atormentarla: la mujer a la que llamaba mamá no era su madre. Durante más de dos décadas arrastró esa intuición en silencio, hasta que una prueba de ADN realizada a los 30 años confirmó lo que sospechaba desde la infancia: había nacido en 1991 en Louisville (Kentucky) mediante gestación subrogada. Hoy, a los 34, recorre parlamentos y foros internacionales como portavoz de la Declaración de Casablanca, organización que reúne a más de 150 expertos de distintos países y promueve la abolición universal de esta práctica.
En entrevistas concedidas a MDZ y a Clarín durante su reciente visita a Argentina, Maurel reconstruyó su historia personal y articuló los argumentos jurídicos y éticos que sostienen su activismo. Se define como feminista y atea, y subraya que su lucha no va contra las parejas que desean ser padres, sino «contra el lobby y contra las decisiones de los gobiernos que permiten que pase».
Una infancia construida sobre arena
Maurel creció entre Estados Unidos y Francia, donde actualmente vive con su esposo y sus tres hijos. La sensación de no pertenecer la acompañó desde la primera infancia. «Me repetía a mí misma: "Ella no es mi madre, no se parece a mí". A pesar de que ella intentaba amarme y yo intentaba amarla mucho, no existía esa conexión emocional entre nosotras», relató a MDZ.
La adolescencia agravó la crisis. Sin respuestas sobre sus orígenes, Maurel cayó en el consumo de drogas y alcohol e intentó quitarse la vida en varias ocasiones. «Era demasiado doloroso vivir con el vacío de no tener las respuestas a tus preguntas», explicó. A los 17 años tomó su certificado de nacimiento y buscó en internet información sobre agencias de adopción en Louisville. Las sugerencias del buscador la condujeron a clínicas de fertilidad y, tras una noche entera de investigación, llegó a una conclusión que comunicó a todos menos a sus padres: había nacido por gestación subrogada.
La prueba de ADN y el reencuentro
La confirmación definitiva llegó a los 30 años, cuando su suegra le regaló un test genético. Los resultados no mostraban ascendencia francesa alguna, sino lituana y noruega. El sistema de comparación genética arrojó una coincidencia con una prima, que a su vez la puso en contacto con sus medio hermanos y, finalmente, con la mujer que la había gestado y aportado el óvulo.
Fue la propia madre biológica quien dio el primer paso y le escribió por Facebook, incumpliendo las cláusulas del contrato de gestación subrogada que le prohibían cualquier contacto con los niños nacidos del acuerdo. Respondió a todas las preguntas que Maurel necesitaba para reconstruir su identidad: quiénes eran sus antepasados, cómo fue el parto, cómo fue la separación. «Cuando me sacaron del útero, me pusieron inmediatamente en un pequeño moisés. Ella recuerda muy claramente que giré mi cabecita hacia ella y la miré directamente», relató Maurel reproduciendo el testimonio materno.
La historia de la madre gestante explicaba también las circunstancias que la llevaron a aceptar el acuerdo: había perdido a un hijo de dos años y medio en un accidente doméstico, vivía en situación de pobreza extrema con otros cuatro hijos a su cargo y la gestación subrogada se presentó como la alternativa menos degradante para obtener ingresos sin abandonar el hogar.
«No hay consentimiento cuando hay pobreza»
Maurel identifica tres problemas centrales en la gestación subrogada. El primero es la separación deliberada del recién nacido de su madre. «No separamos a los gatitos y perritos de sus madres al nacer porque conocemos los daños psicológicos que eso causa, pero se lo hacemos a los niños», señaló a MDZ. El segundo es la vulneración del derecho del niño a su identidad y sus orígenes: «A mí me robaron mis orígenes, mi identidad. Tenía un certificado de nacimiento falso». El tercero es la explotación de mujeres vulnerables: «Nunca verás a una mujer rica teniendo un bebé para una pareja pobre. Eso nunca ha existido y nunca existirá».
Frente al argumento de la autonomía corporal de la mujer gestante, Maurel es tajante: «No se puede hablar de consentimiento cuando la pobreza o la vulnerabilidad están sentadas a la mesa». Y desgrana el contenido de los contratos que regulan la práctica: la mujer no puede elegir su alimentación, en ocasiones se le prohíben las relaciones sexuales con su esposo, no puede viajar y está monitorizada durante todo el embarazo. Dos cláusulas le resultan especialmente graves: la de aborto obligatorio si el bebé presenta algún defecto, y la que transfiere a los padres de intención la decisión de desconectar el soporte vital de la gestante en caso de emergencia médica.
Abolición, no regulación
Maurel rechaza la regulación como alternativa viable. «No regulamos una mala práctica, la abolimos. Lo hemos visto con la esclavitud», argumentó. Y ofrece un paralelismo con la prostitución: Francia la prohibió y cuenta con unas 20.000 personas en esa situación; Alemania la legalizó y reguló, y la cifra asciende a 400.000. «Una vez que legalizamos una práctica, simplemente hacemos que el mercado explote», advirtió.
La activista rechaza también la distinción entre gestación subrogada comercial y la denominada «altruista» o «solidaria», como se la conoce en algunos países. «Aun así estaríamos creando deliberadamente a un niño en virtud de un acuerdo que establece que será separado, después de nacer, de la mujer que lo gestó y dio a luz», sostuvo en declaraciones a Clarín.
El caso argentino y la dimensión internacional
Argentina fue uno de los destinos de la gira de Maurel. Entre el 10 y el 11 de agosto ofreció cuatro conferencias en Buenos Aires: en el Hospital Universitario Austral, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Legislatura porteña y el Congreso de la Nación.
El país carece de una regulación nacional específica sobre gestación subrogada, un vacío legal que, según Maurel, no implica la ausencia de un mercado. Recordó que en 2024 fiscales federales argentinos investigaron una red transnacional en la que a clientes extranjeros se les cobraban unos 50.000 dólares, mientras que a las mujeres reclutadas como gestantes en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica se les ofrecían 10.000. La investigación involucró a centros de fertilidad e intermediarios jurídicos, y los fiscales especializados contra la trata describieron patrones de explotación vinculados a la gestación subrogada dentro del marco del tráfico de personas.
«Cada vez que los países vecinos adoptan enfoques radicalmente diferentes, las personas cruzan las fronteras. No se puede resolver el problema ético de la gestación subrogada trasladando el embarazo al otro lado de una frontera. Precisamente por eso necesitamos una respuesta internacional», afirmó.
Maurel señaló también la diferencia estructural con la adopción: mientras los procesos de adopción son largos precisamente para proteger al menor, en la gestación subrogada «no hay un proceso para proteger al niño o evaluar a aquellos que quieren ser padres mediante este sistema. Si tenés un cheque y si tenés plata te podés comprar un niño».
La activista, licenciada y máster en Derecho Tributario, Economía y Recursos Humanos, concluyó con la frase que resume su militancia: «No puedo cambiar la manera en que nací, pero sí puedo luchar para que otros niños no sean deliberadamente puestos en la misma situación».
