(InfoCatólica) El informe anual de la Sovereign Grant 2025-26 ha introducido sin intervención parlamentaria una redefinición del papel religioso del monarca británico. Donde la Constitución dice «Defensor de la Fe», el Palacio de Buckingham presenta ahora a Carlos III como «Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra y protector del espacio para la fe dentro de la nación multirreligiosa».
La modificación no es caprichosa. Ya en 1994, siendo príncipe de Gales, Carlos expresó su deseo de ser considerado «Defensor de la fe» (Defender of Faith), en sentido genérico, y no «Defensor de la Fe» (Defender of the Faith) anglicana, para asumir un papel protector de todas las comunidades religiosas del país. La propuesta generó entonces una crisis constitucional y un intenso debate teológico dentro de la Iglesia de Inglaterra. La reina Isabel II nunca respaldó públicamente la posición de su hijo, aunque en 2012 afirmó que la Iglesia de Inglaterra tiene el deber de «proteger la libre práctica de todas las religiones».
Tres objeciones que resurgen
Gavin D'Costa, profesor en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino en Roma y profesor emérito de teología católica en la Universidad de Bristol, analiza en la revista Communio las implicaciones del cambio. D'Costa identifica tres objeciones de fondo, planteadas ya en 1994 y ahora reavivadas.
En primer lugar, la Ley de Establecimiento de 1701 obliga al monarca mediante el Juramento de Coronación a defender la religión protestante, y solo el Parlamento puede modificar ese compromiso; «la fe» queda especificada por ley. En segundo lugar, la unión constitucional entre Iglesia y Estado se vaciaría si el término «Iglesia» dejara de tener contenido confesional concreto, lo que paradójicamente debilitaría la capacidad del propio monarca para promover el pluralismo religioso desde una posición de autoridad institucional. En tercer lugar, la cabeza de la Iglesia anglicana se vería obligada a sostener simultáneamente la verdad de su propia confesión y la de credos que la contradicen.
Dos funciones, una confusión
D'Costa sostiene que el rey está confundiendo sus dos funciones constitucionales. Como Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra, su mandato es confesionalmente anglicano. Como jefe de Estado, dispone de una plataforma perfecta para articular una sociedad multirreligiosa. El teólogo argumenta que Carlos III podría esquivar las tres objeciones si canalizara su proyecto interreligioso a través de su función como jefe de Estado, sin extender indebidamente su papel eclesiástico.
El análisis traza un paralelo con la experiencia del Concilio Vaticano II, que abordó la relación con otras religiones (Nostra Aetate) y la libertad religiosa (Dignitatis Humanae) en documentos separados, precisamente para mostrar que se puede afirmar la verdad de la fe católica sin cuestionar la libertad religiosa en el espacio público, «dentro de los debidos límites», como estipula Dignitatis Humanae 2.
Críticas desde varios frentes
Algunos anglicanos conservadores acusan al monarca de abandonar su juramento de coronación al priorizar el diálogo interreligioso sobre la proclamación del Evangelio en el espacio público. D'Costa precisa que estos sectores no propugnan la intolerancia, sino que objetan que la cabeza de la Iglesia señale una paridad entre las distintas confesiones. El teólogo recuerda a este respecto las dificultades del Papa Francisco tras firmar en Abu Dabi un documento con un líder musulmán que afirmaba que Dios quiere la diversidad de religiones, cuando Dominus Iesus excluye esa lectura; Francisco matizó después que se refería a la voluntad permisiva de Dios.
D'Costa señala, además, que la siguiente generación plantea un problema aún mayor: el próximo monarca, a diferencia de su padre, no es un practicante habitual de la Iglesia anglicana, lo que podría ahondar la crisis constitucional subyacente. Solo el 12 % de la población británica es anglicana, y los movimientos humanistas no comprenden por qué el rey quiere reunir exclusivamente a las «religiones» en el espacio público, ignorando así a la mayoría de sus súbditos.
El caso británico pone sobre la mesa una cuestión que trasciende las islas: cuál es el fundamento teológico o ideológico legítimo para articular una sociedad multirreligiosa, un desafío que, como concluye D'Costa, afecta a la mayoría de las naciones.
