(InfoCatólica) Suiza tiene una larga tradición de democracia directa. Es decir, no se limita a elegir representantes, como la mayoría de los países, sino que los ciudadanos votan directamente sobre leyes, reformas constitucionales y decisiones importantes concretas.
Para ello, los suizos votan varias veces al año, normalmente en tres o más ocasiones, decidiendo cuestiones diversas que se someten a votación y después de haber recibido en sus casas explicaciones del gobierno y argumentos a favor y en contra. De esta forma, los ciudadanos tienen un poder real y continuo sobre las decisiones políticas, lo que limita de forma efectiva el poder de los partidos políticos y de los mismos gobernantes.
Un referéndum decisivo
En el marco de este sistema, el próximo 14 de junio de 2026 se celebrará en Suiza un referéndum en el que los ciudadanos decidirán si se introduce un límite máximo de 10 millones de habitantes para la población Suiza hasta 2050. La propuesta ha sido impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), una formación política conservadora con posturas muy críticas sobre la inmigración.
La propuesta implica que la población total no debería superar los 10 millones de personas y, si se alcanzara el umbral de 9,5 millones de habitantes, el gobierno estaría obligado a tomar medidas para frenar el crecimiento. Entre esas medidas, estarían las restricciones a la inmigración e incluso la renegociación o cancelación de acuerdos internacionales, especialmente el tratado de libre circulación con la Unión Europea.
La población suiza ha crecido rápidamente en las últimas décadas, pasando de unos 7 millones a más de 9 millones de habitantes. Aproximadamente el 27% de los residentes son extranjeros, una de las proporciones más altas de Europa. Este vertiginoso crecimiento ha suscitado un clima general de preocupación en torno a temas como la presión sobre el mercado de vivienda, la saturación de infraestructuras, el impacto ambiental y, sobre todo, la desaparición de la cultura suiza.
Los promotores de la iniciativa sostienen que el crecimiento demográfico está siendo demasiado rápido y que la inmigración masiva reduce la calidad de vida y pone en riesgo el equilibrio del país. En ese sentido, se hace necesario recuperar el control sobre las fronteras y la política migratoria. Conviene señalar que el referéndum solo habla indirectamente de la inmigración, ya que su objeto directo es el número total de habitantes en Suiza, pero todos entienden que la cuestión discutida es el efecto de la inmigración acelerada en un país pequeño y de alto nivel de vida.
De forma similar a lo que sucede en otros países, el gobierno y la mayoría de la clase política están en contra de la propuesta. Sus argumentos son esencialmente económicos y se basan en que la economía depende fuertemente de la mano de obra extranjera cualificada y limitar la inmigración podría provocar escasez de trabajadores y frenar el crecimiento económico. Además, la medida pondría en riesgo los acuerdos con la Unión Europea. Aunque los obispos han mantenido un perfil bajo por el momento, en general sus declaraciones públicas son contrarias a las restricciones de la inmigración, al igual que en otros países europeos.
Las encuestas realizadas muestran una opinión pública dividida, aunque con cierto crecimiento del apoyo a la propuesta. El resultado, por lo tanto, es incierto y podría tener consecuencias importantes tanto internas como internacionales.
No surge de la nada
Suiza lleva años utilizando referéndums para decidir su política migratoria, así que la votación de 2026 no surge de la nada. Se trata de una más en una larga serie de decisiones populares sobre inmigración, soberanía y relación con Europa.
En 2009, por ejemplo, se realizó un referéndum a propuesta del SVP sobre la posibilidad de prohibir los minaretes de las mezquitas, considerando que ofrecían una imagen islámica del país contraria a su cultura y tradiciones. La prohibición se aprobó por un 57,5 % de los votos y en la mayoría de los cantones suizos, de manera que pasó a formar parte de la constitución suiza.
En 2014, se votó una propuesta impulsada también por el SVP contra la inmigración masiva, que pretendía introducir cuotas de inmigración. Fue aprobada con una reducida mayoría (50,3 %), pero, como chocaba con los acuerdos de libre circulación con la Unión Europea, el gobierno aplicó una versión suavizada, dando prioridad a trabajadores locales, pero evitando romper con la UE.
En 2016, se votó un referéndum sobre el asilo, para acelerar los procedimientos de asilo, que fue aprobado con una mayoría significativa (66 %).
En 2020 se votó, por iniciativa del SVP, la propuesta «Por una inmigración moderada», para poner fin al acuerdo de libre circulación con la Unión Europea. En este caso, los votantes rechazaron la iniciativa (61 % de los votos en contra), temiendo las repercusiones económicas.
Las votaciones pasadas muestran un patrón: los suizos quieren controlar la inmigración, pero sin medidas radicales que dañen la economía o la relación con Europa. No es fácil, por lo tanto, predecir si los votantes verán el nuevo referéndum como una solución pragmática que pone coto a los excesos de la inmigración masiva o como una medida arriesgada que podría llevar al incumplimiento de acuerdos internacionales y a aislar a Suiza del resto del mundo.
