(CNA/InfoCatólica) Las Hermanitas de los Pobres han presentado una nueva apelación en su prolongada batalla legal de 14 años contra los mandatos federales de anticonceptivos, después de que un tribunal federal anulara en agosto las exenciones religiosas y morales establecidas en 2017. La congregación religiosa busca restituir estas protecciones que les permitían no incluir cobertura anticonceptiva en los planes de seguro de sus empleados.
Antecedentes de victorias en la Corte Suprema
La orden religiosa ya ha obtenido dos victorias significativas ante la Corte Suprema de Estados Unidos en esta materia. En 2016, el alto tribunal dictaminó que el gobierno federal debe proteger las libertades religiosas de quienes se oponen a los anticonceptivos. Posteriormente, en 2020, falló que el gobierno federal tenía la autoridad legal para adoptar las amplias exenciones establecidas en 2017.
Estas exenciones cubrían plenamente a los empleadores que tuvieran objeciones religiosas o morales a proveer anticonceptivos, algunos de los cuales pueden ser abortivos. Bajo esas normas, dichos empleadores no estaban obligados a incluir ninguna cobertura anticonceptiva en sus planes de seguro para empleados.
La decisión judicial de agosto
A pesar de las victorias anteriores en la Corte Suprema, la jueza Wendy Beetlestone anuló en agosto de 2025 las exenciones de 2017, argumentando que la Corte Suprema aún no se había pronunciado sobre ciertos aspectos procedimentales. La magistrada determinó que las normas no cumplían con la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act, APA) y sostuvo que las normas son arbitrarias y caprichosas.
«Las acciones de las agencias al promulgar la norma fueron arbitrarias y caprichosas, en el sentido de que no lograron 'articular una explicación satisfactoria de [sus] acciones, incluida una 'conexión racional entre los hechos comprobados y las decisiones tomadas'», escribió Beetlestone en su opinión.
Continuación de la batalla legal por parte de los estados
Debido a que la Corte Suprema dejó abiertas algunas cuestiones, los fiscales generales de Pensilvania y Nueva Jersey, que desaprueban las exenciones, continuaron su batalla legal por otros motivos. Estos argumentos jurídicos alegan que la adopción de las normas no cumplió con la APA, sobre la cual la Corte Suprema no se había pronunciado previamente.
La respuesta del Becket Fund
Las Hermanitas de los Pobres están representadas por el Becket Fund for Religious Liberty, cuyos abogados afirman que el tribunal de apelaciones debería revocar la decisión de agosto y poner fin a la disputa legal.
«La cruzada legal de 14 años contra las Hermanitas ha sido innecesaria, grotesca y contraria al espíritu estadounidense», dijo en un comunicado Mark Rienzi, presidente de Becket y abogado principal de las religiosas.
«Los estados no tienen ningún derecho a intentar privar a las Hermanitas de sus derechos civiles federales. El Tercer Circuito debería arrojar la demanda de los estados al basurero de la historia y mantener la protección que las Hermanitas ya ganaron en la Corte Suprema… dos veces», afirmó.
Argumentos de la apelación
En la apelación, los abogados citan el precedente legal de los casos de 2016 y 2020, que exigieron exenciones religiosas y validaron las normas. Advierten que la sentencia de agosto de 2025 podría crear un «conflicto constitucional» porque el mandato original no puede ser legalmente reimpuesto.
«Los estados apelados sostienen que los gobiernos estatales, de algún modo, tienen interés en obligar al gobierno federal a forzar a los objetores religiosos a cumplir con el mandato federal de anticonceptivos, aun cuando el propio gobierno federal no tiene por qué tener ningún mandato de anticonceptivos en absoluto, y aun cuando los propios estados han decidido no imponer tales mandatos por su cuenta», señala la demanda.
