(Kath.net/InfoCatólica) La Conferencia Episcopal Católica de la India presentó una demanda en el Tribunal Supremo del país contra una nueva ley anticonversión en el estado de Rajastán. Los representantes de la Iglesia argumentan que la ley aprobada en septiembre viola la constitución india, que garantiza el derecho a la libre elección y a la práctica de la religión.
Rajastán es el duodécimo estado de la India que ha promulgado una ley que prohíbe las conversiones religiosas «ilegales». Consideran ilegal, y por tanto merecedora de penas severas, la conducta de aquellos que persuadan o lleguen a convencer a menores, mujeres, personas con discapacidad o miembros de castas bajas y comunidades tribales para que se conviertan. Pueden ser condenados hasta a 20 años de prisión y una multa de un millón de rupias indias (unos 9.500 euros). Si las conversiones son numerosas, los responsables pueden ser castigados con cadena perpetua y multas de 2,5 millones de rupias.
En esta ley, los términos como «incentivo» y «coacción» no están claros y pueden usarse contra los cristianos y sus instituciones. La hermana Sayujya Bindhu, religiosa y abogada del departamento jurídico de la Conferencia Episcopal de la India, explica que incluso los actos caritativos pueden interpretarse como un intento de conversión: «incluso la admisión de un niño de entornos pobres en una escuela o la atención médica de personas enfermas en un hospital, pueden interpretarse erróneamente como un caso de incentivo para la conversión religiosa».
La Conferencia Episcopal también advierte de que dicha ley puede ser una herramienta para intentar acabar con los cristianos en el país, que son una minoría, ya que representan poco más del 2 por ciento de los más de 1.400 millones de habitantes de la India, unos 28 millones de personas.
Otro defecto de esta ley es la inversión de la carga de la prueba, ya que exige a la persona acusada que demuestre su inocencia y no que el fiscal demuestre su culpabilidad. Por lo tanto, no se aplica la presunción de inocencia, sino que, en la práctica, el acusado es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
El Tribunal Supremo también está considerando otras demandas contra leyes anticonversión en varios estados indios, como Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana y Karnataka.
