(CatholicWorldReport/InfoCatólica) Un juez del distrito de Maryland ordenó esta semana a Catholic Relief Services (CRS) pagar 60.000 dólares a un ex empleado por negarse a proporcionar beneficios de atención médica conyugal al «esposo» de su matrimonio civil.
La unión es reconocida bajo la ley estatal de Maryland y la ley federal, pero no es reconocida por la Iglesia Católica. La Iglesia enseña que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer y no reconoce los «matrimonios» civiles homosexuales entre dos hombres o entre dos mujeres.
En una decisión emitida el 21 de abril, la jueza federal Julie Rubin determinó que CRS violó leyes estatales y federales que prohíben la discriminación basada en el sexo y la orientación sexual de una persona. La jueza rechazó el argumento de CRS de que la organización estaba amparada por las exenciones religiosas previstas en las leyes de discriminación estatales y federales.
Rubin también desestimó el alegato de CRS de que aplicar las leyes antidiscriminación en este caso violaría la protección de la libertad religiosa garantizada por la Primera Enmienda.
El conflicto se centró en la interpretación judicial de la «excepción ministerial», una doctrina legal en Estados Unidos que exime a entidades religiosas de ciertas leyes antidiscriminación. Esta excepción permite a las organizaciones religiosas no aplicar ciertas normas cuando un empleado desempeña un cargo que promueve directamente su misión religiosa, en los casos en que la aplicación de la norma afectaría dicha misión.
Según el fallo, el ex empleado, identificado como «John Doe» en la demanda, trabajó como asesor de datos de programas; asesor de calidad de datos y análisis; asesor de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje a nivel global; gerente de programas; y gerente de gateway.
La jueza determinó que estos cargos no eran esenciales para promover la misión religiosa de CRS, por lo que no calificaban para una exención religiosa según la ley federal ni la Ley de Prácticas Justas de Empleo de Maryland.
«Doe no promovió directamente una misión central de CRS en ninguno de los cinco cargos que ocupó durante su empleo en CRS», afirma la sentencia.
«Debido a que el tribunal concluye que ninguno de los cinco cargos de tiempo completo desempeñados por Doe promovió directamente una misión de CRS, y que cada uno de sus puestos estaba uno o más pasos alejados de las acciones que afectan las metas de CRS, el tribunal ... concluye que CRS no ha cumplido con la carga de demostrar que se aplica aquí la exención para entidades religiosas», añade el fallo.
Un portavoz de CRS dijo el viernes a CNA que la organización no tenía comentarios en ese momento y que actualmente está «revisando la decisión de la jueza».
El ex empleado emitió un comunicado a través de sus abogados de Gilbert Employment Law en el que expresó estar «muy feliz con la decisión de la jueza Rubin».
«Estoy honrado de ser parte de un caso que marca un precedente y que ha ayudado a clarificar, tanto para empleadores como para empleados, las protecciones legales que ofrece la ley de Maryland, especialmente para los trabajadores LGBTQ+», declaró el demandante.
Ryan Tucker, asesor principal del grupo legal Alliance Defending Freedom, expresó su preocupación por la decisión de la jueza en declaraciones a CNA.
«Ahora y siempre, toda organización religiosa tiene el derecho de contratar a personas que compartan su fe», afirmó. «El gobierno nunca debería penalizar a una organización religiosa simplemente por ser religiosa. Sin embargo, esta decisión es profundamente preocupante debido a las implicaciones que puede tener para los derechos de la Primera Enmienda de las organizaciones religiosas y los empleadores».
CRS brinda principalmente ayuda humanitaria en todo el mundo. Según su declaración de misión, la organización está «motivada por el Evangelio de Jesucristo a valorar, preservar y defender el carácter sagrado y la dignidad de toda vida humana, a fomentar la caridad y la justicia, y a encarnar la enseñanza social y moral católica».
