(LSN/InfoCatólica) La Corte Suprema de Estados Unidos ha escuchado este martes los argumentos orales de un caso que podría redefinir el equilibrio entre los derechos de los padres y las políticas educativas en los centros públicos. El litigio enfrenta a un grupo diverso de familias con el Consejo Escolar del Condado de Montgomery (Maryland), que eliminó la posibilidad de ser informados previamente y de excluir a sus hijos de una serie de lecturas escolares con contenido LGTBQ dirigidas a menores desde los tres años.
El caso, conocido como Mahmoud contra Taylor, ha sido presentado por una coalición de padres musulmanes, cristianos, judíos y no religiosos representados por el despacho jurídico Becket Fund. El núcleo de la disputa radica en la inclusión de los denominados «Pride Storybooks» en el currículo de Lengua y Literatura desde educación infantil hasta quinto de primaria. Según los demandantes, estos libros promueven una visión ideológica sobre la identidad de género, el uso de pronombres, la transición sexual y los desfiles del Orgullo, sin opción para los progenitores de decidir si sus hijos deben estar expuestos a estos contenidos.
Durante la audiencia, varios jueces manifestaron preocupación por la falta de mecanismos de aviso y consentimiento. La magistrada Elena Kagan, del sector progresista del tribunal, señaló su inquietud por la edad a la que se dirige este tipo de materiales: «Me impacta que se trate de libros ilustrados para niños tan pequeños. En cuestiones de sexualidad, creo que muchos padres no religiosos tampoco estarían cómodos con esto. Si sumamos la dimensión religiosa, la gravedad aumenta».
Los libros, según la documentación aportada al tribunal, incluyen ejercicios para que niños de tres y cuatro años identifiquen elementos asociados a celebraciones del Orgullo, como banderas intersexuales, drag queens, drag kings, ropa interior, cuero y referencias a figuras como Marsha P. Johnson, activista LGTBQ y trabajadora sexual. También se instruye al profesorado para enseñar que el sexo del recién nacido es solo una «suposición» del médico.
El abogado Eric Baxter, vicepresidente de Becket Fund y responsable de la defensa oral ante la Corte, afirmó que el Consejo Escolar está «imponiendo una visión ideológica unilateral, sin margen para la objeción de las familias, lo que va en contra de la legislación de Maryland, de las políticas internas del propio distrito escolar y de las recomendaciones de muchos directores de primaria del condado».
En declaraciones tras la vista, Billy Moges, madre de alumnos en Montgomery y directora de la organización Kids First, declaró: «Esto no es educación, es adoctrinamiento. Y no se trata solo de religión. Hay padres de múltiples confesiones y también ateos que consideramos inaceptable que se hable a nuestros hijos pequeños de conductas sexuales o de partes íntimas».
Moges insistió en que los padres implicados no albergan odio hacia quienes apoyan el programa escolar, pero remarcó: «Nuestros hijos no serán adoctrinados ni manipulados. Queremos que se respete su inocencia y la autoridad de los padres para decidir cómo y cuándo abordar temas tan delicados».
Otro miembro de Kids First, Grace Morrison, defendió que «el Consejo Escolar está ignorando el derecho de las familias a guiar el desarrollo moral y religioso de sus hijos. Hoy hemos pedido al Tribunal que devuelva el sentido común al aula y que permita que los niños sean niños».
El Becket Fund recuerda que, en fases previas del proceso, el propio Consejo Escolar llegó a retirar dos de los libros tras reconocer que podían ser inapropiados para la edad y ofensivos para algunas creencias. Aun así, mantuvo el conjunto del programa y prohibió de forma expresa las notificaciones previas a las familias o la posibilidad de objeción.
Baxter concluyó: «En Estados Unidos, siempre hemos confiado en las familias para decidir cuándo sus hijos están preparados para ciertos temas. Forzar a los menores a participar en estas lecciones sin permiso parental es una violación de principios fundamentales. Hoy hemos defendido el derecho de los padres a guiar la educación de sus hijos en libertad».
La decisión de la Corte Suprema se espera para los próximos meses y podría tener implicaciones para todo el sistema educativo público estadounidense.
