(CatholicHerald/InfoCatólica) Se estima que al finalizar la Cuaresma de 2025, el régimen sandinista en Nicaragua habrá prohibido al menos 3.500 actos de piedad popular, según se ha reportado recientemente.
Los detalles de esta represión fueron proporcionados por la abogada Martha Patricia Molina, quien desde el exilio en Estados Unidos documenta la persecución contra la Iglesia católica en el país centroamericano. En declaraciones al medio Crux, Molina describió los esfuerzos del régimen por sofocar las celebraciones de Semana Santa y Pascua este año.
Molina, que mantiene una red de informantes clandestinos en distintas regiones de Nicaragua, señaló que el Domingo de Ramos fue particularmente tenso: agentes de seguridad irrumpieron en templos, tomaron fotografías de los asistentes a misa y amenazaron incluso a niños.
«Hasta los niños fueron intimidados por las fuerzas armadas del régimen», denunció.
Este fue el tercer año consecutivo en el que las tradicionales procesiones y representaciones públicas de la Pasión fueron suspendidas por órdenes del gobierno.
«No hubo procesiones, ni tampoco se realizaron las tradicionales Judeas —representaciones teatrales de la Pasión y Crucifixión de Jesús— que todos los años se escenifican durante la Cuaresma y la Semana Santa en todo el país», explicó Molina.
Además, relató que varios sacerdotes fueron amenazados por la policía en distintas regiones, con advertencias explícitas: «amenazaron con encarcelarlos si desobedecían las órdenes».
«Estas son violaciones gravísimas del derecho a la libertad religiosa, un derecho humano que todo ciudadano nicaragüense posee y que el gobierno debería respetar», subrayó.
Al inicio de la Cuaresma, el régimen encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la co-presidenta Rosario Murillo, impidió el regreso al país de al menos dos sacerdotes.
«El padre Jalder Hernández se encontraba en misión pastoral en Estados Unidos y no se le permitió ingresar a Nicaragua», indicó Molina.
Hernández, sacerdote de la Arquidiócesis de Managua, ya había sido víctima de la represión sandinista. En 2018, cuando estallaron protestas a nivel nacional, fue agredido por simpatizantes del régimen en el atrio de la iglesia de Santiago Apóstol en Jinotepe.
Otro sacerdote también fue impedido de retornar a Nicaragua desde el extranjero, aunque su identidad no fue revelada.
«La dictadura nicaragüense continúa persiguiendo y atacando a quienes considera críticos, especialmente a miembros de la Iglesia, con énfasis particular en los sacerdotes», afirmó Molina.
Desde su exilio en Estados Unidos, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, escribió en su cuenta de X (antes Twitter): «aunque la dictadura de Nicaragua ha prohibido las procesiones en las calles, no puede impedir que el Crucificado manifieste su victoria en cada lucha por la verdad y la justicia, en cada defensa de la dignidad humana y en cada gesto de solidaridad con las víctimas».
En Managua, el cardenal Leopoldo Brenes presidió una breve ceremonia del Domingo de Ramos, con una procesión limitada que rodeó únicamente la catedral. Según reportó la agencia EFE, varios oficiales armados fueron desplegados estratégicamente para vigilar el templo durante toda la celebración.
Ante las restricciones, muchas parroquias han optado por organizar Vía Crucis «internos», dentro de los atrios de las iglesias, en lugar de celebraciones públicas por las calles, como era costumbre.
Esta ola represiva se produce en un contexto en el que, desde 2018, la Iglesia ha sido percibida por el régimen como una fuerza de oposición. En aquel año, tras varios días de protestas masivas, el acompañamiento pastoral y la defensa de los derechos humanos por parte de obispos y sacerdotes llevaron al gobierno a romper vínculos con gran parte del liderazgo eclesial.
Desde entonces, la Iglesia ha sido objeto de ataques y restricciones por parte de los sandinistas, al ser la institución cívica con mayor autoridad moral y presencia social en el país.
Álvaro Leiva Sánchez, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), ahora exiliado en Costa Rica, confirmó que el régimen ha cometido «violaciones graves y sistemáticas de los derechos religiosos del pueblo nicaragüense».
«Como organización de derechos humanos, hemos monitoreado de forma permanente la profunda crisis religiosa que sufre el pueblo de Nicaragua», explicó Leiva, quien también representa a la misión estadounidense en Centroamérica y a la organización canadiense CHRIO (Canadian Human Rights International Organisation).
Leiva subrayó que el régimen ha sembrado «terror en todo el país» mediante «policías que irrumpen abruptamente en las iglesias para dejar claro que la libertad religiosa no se respeta —ni siquiera en este tiempo especial en que las procesiones tienen un significado tan profundo».
