(CSTJM/InfoCatólica) El Auto de inadmisión fue dictado por la Sala Segunda, Sección Tercera del Tribunal Constitucional (formada por los magistrados don Guillermo Jiménez Sánchez, don Eugenio Gay Montalvo y don Pascual Sala Sánchez).
Para el CJSTM, lo primero que cabe resaltar es la existencia de una mínima fundamentación jurídica de la inadmisión del amparo, pues en este tipo de resoluciones el Tribunal suele argumentar su decisión de forma aún más breve.
El auto menciona que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no ha configurado un Recurso de Amparo directo contra las leyes. Sin querer entrar al fondo del asunto, el centro jurídico cree necesario recordar que si bien dicha posibilidad no está rigurosamente contemplada, no está sin embargo ni prohibida, ni explícitamente rechazada, circunstancias que hubiera permitido al Tribunal Constitucional, en aplicación de su propia doctrina, admitir el Recurso de Amparo.
Incoherencias en la argumentacion
De igual forma, el CJSTM destaca la incongruencia de esa primera manifestación (vertida en el tercer párrafo del Auto), con lo manifestado posteriormente en la propia resolución (cuarto párrafo). Desde el centro jurídico se asegura que el Tribunal Constitucional resulta incoherente al manifestar que no cabe Recurso de Amparo directo, para después argumentar que la ley del aborto carece de carácter autoaplicativo. Es decir, que el propio tribunal acoge la tesis mantenida por el CJSTM en el sentido de posibilitar los Recursos de Amparo directo frente a normas autoplicativas. Ahora bien, en clara pugna con la verdad y la justicia, el propio tribunal dice que la ley del aborto no es recurrible directamente pues “por si misma no limita, ni prohíbe, ni faculta y que requiere por tanto, para producir efectos de un acto de aplicación”.
“Necesariamente hemos de discrepar de la interpretación del alto Tribunal”, asegura la nota de prensa del centro jurídico, “pues la ley del aborto limita de forma clara el derecho a la vida, prohíbe la protección integral del nasciturus, faculta para el ejercicio del nefando infanticidio, y efectivamente, requiere de una acto de aplicación: la muerte de un inocente, muerte irreparable si no se interviene con carácter previo”.
“Por todo ello”, añaden, “consideramos que otra vez más, se ha manifestado el alto déficit democrático español, al no permitirse a diferencia de otros países, impugnar directamente una ley que agrade el derecho primero de toda persona: el derecho a la vida”.
Por último, el Centro Jurídico Santo Tomas Moro asegura que “otra vez más, se ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar en profundidad la Constitución y los órganos constitucionales, para que estos estén al servicio de la sociedad y del bien común, y no al servicio de ideologías liberticidas”.
