Sres. Obispos, no puede haber concordia con Satanás
Queridos lectores, debo confesarles que todavía no he cerrado la boca del asombro que me ha producido el acuerdo a que han llegado los obispos españoles con el infame Gobierno de España en relación a las “indemnizaciones” que se pretende que la Iglesia pague a supuestas víctimas de supuestos abusos sexuales no comprobados, ni declarados, ni condenados en vía judicial (y que, por lo visto, ya ha empezado a pagar, en parte). A mí esto me parece una aberración jurídica y, si se va a realizar con el dinero que los fieles aportan a la Iglesia, me parece, además, una grave equivocación moral. Comparto plenamente el espléndido análisis que, al respecto, realizó, en su día, Bruno Moreno.
Viendo esta noticia y teniendo presentes, además, noticias previas del tipo de las referentes a los tristes “enjuagues” eclesiales respecto al Valle de los Caídos, uno puede sentir la tentación de pensar que, lamentablemente, la Iglesia en España se halla bajo el control de una pléyade de prelados carentes de razón y del más básico sentido de la justicia. ¿Es así, realmente? Yo no lo creo. Escribiendo claro, no creo que los obispos españoles sean, ni mucho menos, tan necios como, seguramente a su pesar, pueden aparentar en ocasiones. Lo que sí creo, en cambio, es que, demasiadas veces, los obispos no nos explican nada a los fieles y nos tratan como si los necios fuéramos nosotros, en relación a asuntos muy dolorosos y de enorme gravedad. Y no me llamo a engaño: Puede ser que la falta de explicaciones episcopales no proceda de los propios obispos españoles, sino de la misma Roma, que les imponga silencio. Tampoco me sorprendería, la verdad, que la CEE, o bien Roma, hayan pactado algo con el Gobierno español a cambio del pago de esas indemnizaciones, sin que se nos diga a los fieles el qué. A estas alturas, todo me parece posible, siento decirlo. Lo que, desde luego, no me creo, como ya he dicho, es que los obispos españoles hayan pactado esos pagos infames porque sí y porque “pobrecitas las víctimas” de unos supuestos abusos no declarados probados judicialmente.
