(La Nación) Mons. Aguer cree que “una persona informada o un padre que cae en la cuenta del descalabro educativo y del fracaso de las sucesivas reformas del sistema intentará que su voto contribuya a remediar la ruina, inclinándose -si la encuentra- por una propuesta razonable ajena al ideologismo que ha imperado en el área hasta el presente”.
El arzobispo, presidente de la Comisión de Educación Católica del Episcopado, enumeró los criterios a los que se suele recurrir al momento del voto, pero resaltó como “decisiva” la preocupación por la “insoportable” proliferación del delito. “Si «sentimos» fuertemente que el Estado no es capaz de custodiar vida y bienes de la población, buscamos quién puede ofrecernos una alternativa. ¿Habrá alguien que además de declaraciones retóricas y voluntaristas ofrezca un proyecto, habida cuenta de la complejidad y los matices del problema?”. Tras citar la encíclica Centesimus annus , de Juan Pablo II, señaló que
“las instituciones de la república forman parte de ese bien común y el Estado de Derecho implica la efectiva división de poderes: si el órgano legislativo reduce su acción a suscribir las decisiones del Ejecutivo y si éste resta independencia al Judicial, no se puede afirmar que el Estado de Derecho tenga plena vigencia. Lo mismo se puede afirmar si cualquiera de los poderes del Estado menoscaba la Constitución o si falta la necesaria seguridad jurídica. Estos bienes inmateriales deben ser tutelados; la aspiración a conservarlos y mejorarlos tendría que influir en la elección que decidan los ciudadanos”.
