Denuncia del arzobispo de León ante el escándalo del DIF

Mons. Martín Rábago advierte que la corrupción provoca que los contribuyentes no paguen impuestos

En relación con un caso grave de corrupción pública, el arzobispo de León, Mons. José Guadalupe Martín Rábago, ha señalado que se debe limpiar la deshonestidad que envuelve a la gestión pública por la aplicación y uso indebido de recursos, porque «la corrupción no puede ser sino principio de desajuste social». El prelado advirrtió que los contribuyentes no están dispuestos a pagar impuestos ante la duda de que su dinero alimente la corrupción institucional.

(El Universal/InfoCatólica) Mons. José Guadalupe Martín, arzobispo de León (México) aseguró que “todo lo que sea deshonestidad, todo lo que sea oscuridad, todo lo que sea mal manejo hay que limpiarlo, es corrupción y la corrupción no puede ser sino principio de un desajuste social que es luego lo que ahora estamos viviendo con tanta pena”.

Ante la crisis que envuelve al Desarrollo Integral de la Familia (DIF), auditado por la Secretaria de la Gestión Pública por diversas irregularidades, el arzobispo consideró que en diversos ámbitos ha de hacerse un esfuerzo por desterrar la corrupción y la deshonestidad. Se le preguntó al arzobispo sobre la asignación de contratos de compras del DIF sin licitar a familiares del líder moral del PAN en Guanajuato, Elías Villegas Torres.

Mons. Martín Rábago dijo que como principio general todo lo que sea desviar dineros que fueron entregados a una finalidad es condenable. “Una de las razones por las que hay una actitud de poca colaboración en el pago de los impuestos es porque la gente duda que lo que se entrega por impuestos se oriente, se aproveche para lo que debe ser y entonces quiere decir que necesitamos dar trasparencia para que se destierre la evasión fiscal”, aseveró el prelado.

Graves anomalías denunciadas

En una investigación al organismo, “la Gestión Pública detectó la compra de bienes a precios inflados, falta de probidad en el uso de recursos públicos”, la desaparición de bienes informáticos, gastos sin comprobar y un conflicto de intereses en la compra de miel de colmena por un millón 807 mil pesos de pesos a la consuegra de la presidenta del DIF, Martha Martínez de Oliva, esposa del gobernador.

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