(PpE/InfoCatólica) En el citado escrito se indica que, ante la reiterada voluntad de la Administración de introducir en la enseñanza contenidos obligatorios que reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso en la sociedad española, ya sea en Educación para la Ciudadanía o en los desarrollos educativos de la ley del aborto, “solicito del Centro la pertinente información previa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas, de tal modo que pueda evaluarla con anterioridad y prestar, o no, mi consentimiento expreso para que mi hijo asista a dicha formación”.
Además, el escrito solicita que, en caso de que no exista información previa y autorización expresa y firmada de los padres, se exima de la asistencia del alumno en particular a esas clases y actividades, facilitándole la posibilidad de realizar mientras una actividad alternativa.
El escrito se difundirá en todas las comunidades autónomas
Según indica Fabián Fernández de Alarcón, vicepresidente de Profesionales por la Ética, este escrito se ha entregado ya en centros escolares de Córdoba, Jaén, Lugo, Madrid, Málaga y Navarra y en las próximas semanas se difundirá al resto de Comunidades Autónomas. “Hasta ahora”, explica Fernández de Alarcón, “la acogida del escrito en los centros educativos ha sido buena, en términos generales, porque también los centros y los profesores están preocupados de la responsabilidad que implica transmitir valores y comportamientos contrarios a las convicciones de los padres. Habrá que esperar a que avance el curso y se generalicen los talleres y actividades de Educación Sexual Obligatoria”.
Profesionales por la Ética está difundiendo también un vídeo titulado YO NO en el que padres y alumnos se muestran contrarios a asistir a clases de moral sexual impuesta por el Gobierno de turno. “Precisamente porque nos parece muy importante la educación afectiva y sexual de los jóvenes, nos negamos a que decidan sus contenidos los políticos o la Administración. Es cosa de los padres, que deben valorar y decidir quién, cuándo y cómo se les proporciona esa formación”, ha concluido Fernández de Alarcón.
