(ElPaís/LD/InfoCatólica) En la información del diario El País Julio M. Lázaro y Fernando Garea aseguraban que “en el PSOE temen que el PP quiera tumbar en el alto tribunal la recién promulgada Ley del Aborto y vuelva a negarse a renovar a los cuatro magistrados del Constitucional designados por el Senado, a fin de mantener una previsible mayoría contraria a dicha ley”. En la votación de julio se habría puesto de manifiesto asimismo que “el bloque conservador” cuenta con el voto en contra de la nueva ley de aborto “del catalán Eugeni Gay, magistrado del sector progresista pero cuyo activismo católico le llevaría a votar con los conservadores para tumbar la ley”.
Pronostica El País que “el PSOE lanzará una ofensiva para agilizar la renovación en septiembre”, ya que “tras la renovación, los conservadores perderán un magistrado”. Su fuentes aseguran que con la actual composición del Tribunal Constitucional, el PSOE sabe que “la ley del aborto "pende de un hilo"”, por lo que “nada más reincorporarse al Parlamento trabajarán de firme para intentar la renovación el próximo 7 de septiembre, tal como acordaron PSOE y PP el pasado mes de julio tras examinar a 20 candidatos”.
El “descubrimiento” del “alineamiento” en contra de la nueva ley del aborto por parte de Eugeni Gay, según el diario, si bien podría haber sido prevista por su trayectoria, se puso especialmente de manifiesto en el voto particular, “toda una declaración de intenciones”, que emitió el magistrado a la decisión en contra de suspender la entrada en vigor de la nueva ley del aborto. “Gay aseguró que "en este caso particular" procedía la suspensión ante la existencia de un "verdadero perjuicio irreparable, cual sería la eliminación de vidas humanas", y recordaba que la sentencia que admitió la constitucionalidad de la despenalización del aborto en varios supuestos, en 1985, definió la misma como "un caso límite en el ámbito del Derecho", que exigía plantearse "el alcance de la protección constitucional del nasciturus"; del mismo modo, para Gay, precisamente la protección del derecho fundamental a la vida humana "excepcionalmente" habría permitido suspender la vigencia de la ley del aborto.
Con la composición actual del TC, seis magistrados en contra de la nueva Ley de aborto y cinco a favor
De acuerdo con los informadores de El País, “sobre el papel, a favor de la constitucionalidad de la ley votarían la presidenta, María Emilia Casas, y otros cuatro magistrados del bloque progresista”, mientras que votarían “en contra, los cinco magistrados del bloque conservador y el católico Eugeni Gay”, de modo que el resultado “sería así de 6 votos a 5 en contra de la norma, lo que supondría declarar inconstitucional la ampliación de la ley del aborto”.
Se recuerda que hace casi tres años que tendrían que haber sido sustituidos los magistrados designados por el Senado, esto es, su vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, “del bloque conservador”, y la presidenta, María Emilia Casas, “del bloque progresista”. De los cuatro nuevos magistrados que elija el Senado accederían dos de cada sector, con lo que “los conservadores saldrían perdiendo un efectivo”, dicen los analistas, de modo que en el TC “sólo quedarían los conservadores Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y los dos nuevos designados por el Senado”, y así, “aún con el voto de Gay, quedarían en minoría y el resultado de 6-5 recaería a favor de la constitucionalidad de la ley del aborto”.
En cambio, “en el caso de que el PP optase por bloquear la renovación, posiblemente tendría que paralizar también la de los cuatro magistrados que deben ser renovados por el Congreso y cuyo mandato termina en noviembre”. En noviembre dejarían el TC “el conservador Javier Delgado, y los progresistas Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay”, de modo que quedaría más inclinado hacia la aprobación de la constitucionalidad de la nueva ley de aborto, puesto que “los conservadores quedarían con una teórica inferioridad de siete magistrados frente a cinco”.
Eugeni Gay, “progresista” pero “católico fiel a Roma”
De Eugeni Gay, aseguran que aunque ha sido un “defensor a ultranza del Estatuto catalán frente a los conservadores”, ahora podría ser para el PP “su mejor aliado para tumbar el texto de una ley que pugna con su conciencia”. Explican que el magistrado “es o ha sido”, además de “secretario internacional del Movimiento de Juristas Católicos Pax Romana” y patrocinador y miembro fundador de la Red Latinoamericana de Juristas Católicos; así como “consejero del Arzobispado de Barcelona y vocal del Consejo Pastoral Diocesano de Barcelona”, y “miembro del Patronato de la Fundación del templo expiatorio de la Sagrada Familia”. Es más, dicen los informadores de El País, “en sus intervenciones públicas el magistrado ha dejado clara su postura como jurista católico [e incluso] en una entrevista en La Vanguardia en junio de 2007 […] declaró: "Pax Romana está vinculada a la Iglesia. Mantiene siempre su fidelidad a Roma"”.
Emilio Capmany en Libertad Digital: “¿Quién bloquea a quién?”
Por su parte, en un articulo publicado el mismo domingo en Libertad Digital, Emilio Capmany se refiere al reportaje de El País, con el título “¿Quién bloquea a quién"?”, y asegura que “Julio M. Lázaro y Fernando Garea, que son quienes firman la noticia, ocultan algunas cosas relevantes”. En primer lugar, dice que Eugeni Gay no puede calificarse como “progresista”, y que “fue designado por el PSOE, pero por indicación de Convergencia i Unió”, quienes, en efecto, “designaron a un abogado de catolicismo militante, sector Unió, que, si le dejan, se cargará sin el menor remordimiento la ley del aborto socialista”.
En segundo lugar, explica Capmany, en estos años la cuestión que ha bloqueado la renovación del TC ha sido la del recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dividiéndose los magistrados en “constitucionalistas” y “no constitucionalistas”. En ese sentido, el País no cuenta “que fue el PSOE quien bloqueó la renovación del Constitucional en 2007 para asegurarse que María Emilia Casas siguiera siendo la presidenta del Constitucional”, para lo cual “modificaron la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal”.
Por tanto, si “es verdad que en 2007 deberían haber salido tres magistrados conservadores y tan sólo uno progresista, la Casas, a cambio de 2 y 2”, no lo es menos que en ese momento los “magistrados constitucionalistas (en contra del Estatut catalán)” hubieran seguido siendo mayoría incluso sin el voto de calidad de la presidenta, “al contar con el voto del progresista Manuel Aragón”, por lo que “el PSOE prefirió seguir en minoría tan exigua con tal de seguir conservando la presidencia y posponer las votaciones todo lo que hiciera falta”.
Al fallecer en 2008 Roberto García-Calvo, los constitucionalistas seguían teniendo mayoría, aunque los votos habían pasado de 7 a 4 a 6 a 4 y el bloqueo fue de ambos partidos: el PP no quiso renovar sin sustituir a García Calvo, pues hubieran quedado 5 conservadores frente a 5 progresistas, pero sobre todo “el PSOE no quiso arriesgarse a que el nuevo presidente fuera un conservador o, aún peor, Manuel Aragón y que éste, en calidad de presidente, forzara las votaciones que María Emilia Casas había venido retrasando y que el estatuto fuera derrotado en toda la línea”.
Y “ahora” que los socialistas “han salvado los muebles del estatuto a base de evitar la renovación y mantener en contra de lo que dice la Constitución a María Emilia Casas en la presidencia durante seis años, les entran las prisas por renovar” y quitar a Eugeni Gay. “Y la culpa de todo es del PP. Hay que fastidiarse”, concluye Emilio Capmany.
