(EducaEnLibertad/InfoCatólica) Según María Menéndez, portavoz de Madrid Educa en Libertad, el Gobierno madrileño podría:
1. Responder por escrito a los padres que objetan a EpC para que, en caso de denegarles su derecho, puedan acudir a los tribunales.
2. Dar instrucciones para que los alumnos objetores sean respetados y dejen de ser coaccionados o amenazados. .
3. Instar a los centros educativos y profesores a respetar escrupulosamente las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2009 que prohibían expresamente adoctrinar o “imponer criterios sobre cuestiones morales controvertidas”.
4. Establecer una normativa de régimen interno para los centros escolares en la que se reconozca y desarrolle el derecho constitucional (artículo 27.3) de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
Por otra parte, según Madrid Educa en Libertad, en el último trimestre de 2009 varios padres madrileños han presentado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia en defensa de su derecho a objetar a EpC. Hasta la fecha, el Tribunal madrileño no se ha pronunciado sobre este derecho recogido en la legislación española e internacional.
Hay que recordar que, a pesar de lo afirmado por Figar, tras las sentencias del Supremo sobre objeción a EpC, otros tribunales (como el Superior de Justicia de Castilla y León) han dictado centenares de sentencias que eximen a los alumnos objetores de cursar las asignaturas de EpC.
17 nuevas sentencias favorables a los objetores
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado en las últimas fechas 17 nuevas sentencias que reconocen a los padres objetores burgaleses el derecho a que sus hijos sean eximidos de la obligación de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).
Los menores exonerados en estas recientes resoluciones son 63, que vienen a sumarse a los 41 que habían sido amparados por efecto de las 10 sentencias notificadas anteriormente.
Así pues, hasta el día de hoy ya son 27 los fallos favorables a las familias objetoras de la provincia y asciende a 104 el número de niños y adolescentes que quedan eximidos de la obligación de asistir a las clases de EpC y de ser evaluados de esas materias, sin que ello pueda causarles ningún perjuicio en relación con la promoción de curso ni en lo referente a la obtención de títulos académicos. En el conjunto de la Comunidad, 538 menores han sido dispensados por el TSJCyL en las 239 sentencias acordadas.
Algunas de las familias objetoras burgalesas a las que respaldan los fallos del Alto Tribunal de la región han sido representadas de forma desinteresada por el abogado Antón Peña y otras por el letrado Jorge Lara, ambos asesores jurídicos de Burgos Educa en Libertad.
M.ª Ángeles Peña, portavoz de la plataforma, pide al consejero Juan José Mateos “un mínimo de sensibilidad y de coherencia”. “Fue él mismo –añade– quien hace año y medio nos empujó a acudir a la Justicia para reivindicar nuestros derechos y ahora, cuando el TSJ exime de cursar EpC a nuestros hijos, nos echa en cara haber judicializado la cuestión”.
“De lo expuesto por el propio Tribunal se deduce más bien que el responsable de esa judicialización es el propio Mateos. No en vano, los magistrados hacen constar en sus resoluciones que ‘las autoridades educativas autonómicas podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto’. En lugar de acatar de hecho lo dispuesto por el TSJ, se niega tozudamente a ello y además se permite la licencia de culparnos a nosotros de que el conflicto no se haya resuelto. Más prepotencia y mayor menosprecio a los ciudadanos es difícilmente concebible”, manifiesta la representante de los objetores.
