(Agencias/InfoCatólica) Los cobros obligatorios a las familias ya están prohibidos desde siempre y de forma expresa en la LOE en su artículo 88.1. Los que sí pueden hacer los centros concertados es pedir aportaciones voluntarias. Sin embargo, la escuela pública y la privada suele denunciar que muchos de esos cobros se hacen de forma obligada a las familias. Así lo aseguran la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) en sus anuales informes en los que denuncian a la concertada. El problema de los informes es que analizan un número muy reducido de colegios (en el último 338 de los 3.000 que hay en todo el país) para denunciar a la concertada de cuya caída ambas redes se beneficiarían.
Podemos asegura que «un informe elaborado por Save the Children y EsadeEcPol de abril de 2021 apuntaba que España es el tercer país de la OCDE con más segregación escolar, solo por detrás de Turquía y Lituania». Y que «la Comisión Europea, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya han avisado a España de que debe revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país y en los que 9 de cada 10 son públicos, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid».
El partido de extrema izquierda propone la integración voluntaria de las escuelas concertadas y las privadas en la red pública. La justificación es que la concertada es «subsidiaria» de la pública y que se configuró como tal en los años 80 cuando el Estado requirió más plazas educativas de las que tenía.
El texto, firmado por el diputado de Podemos, Joan Mena, señala que «han de ser los poderes públicos, según queda recogido en el ordenamiento jurídico español, los encargados de garantizar la suficiencia de plazas de escolarización pública. Así pues, sería oportuno establecer los mecanismos legislativos necesarios para garantizar que las escuelas privadas o privadas concertadas que así lo soliciten voluntariamente se puedan incorporar, como instituciones de pleno derecho, a la red de escuelas públicas del Estado español».
También usan como argumento lo que ocurren a nivel europeo. Así, apuntan que la media de los países miembros de la UE y la OCDE «arroja que el 90 por ciento del alumnado se escolariza en la escuela pública mientras que el 10% lo hace en la privada o en la privada concertada, esta última prácticamente inexistente en numerosos países de la Unión Europea».
Según Podemos, «las cifras desvelan la magnitud del problema que hay en España con la segregación escolar, que se repite curso tras curso privando a cada alumno y alumna que lo sufre de un futuro en igualdad de oportunidades en un sistema en el que la educación debe ser un elemento cohesionador, un bien común y una herramienta de construcción social. La escuela pública y de calidad».
