(LD/InfoCatólica) Como ya se adelantó, la renovación del Constitucional en España, pactada por Partido Popular y los social-comunistas, podía retrasar aún más la sentencia sobre la ley del aborto del 2010.
Entre los magistrados que saldrán del Tribunal Constitucional tras el principio de acuerdo entre el PSOE y el PP figura Andrés Ollero, que es el ponente de la sentencia sobre la conocida como Ley Aído, que convirtió el aborto en España en un derecho.
Hace años que Ollero escribió la ponencia, pero la presidencia del TC no ha tenido a bien que la misma fuera debatida y votada por el pleno del tribunal, a pesar de que ya han pasado más de once años desde que se presentó el recurso contra la ley abortista.
De este modo se confirman los rumores sobre la farsa a principios de año. El retraso motivó que una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que parece está en el fondo de la decisión de reactivar el asunto.
Un año más
Según informa Libertad Digital(LD), la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del aborto se retrasará al menos un año más y recaerá en uno de los cuatro nuevos magistrados del Alto Tribunal. El próximo jueves está previsto que el Congreso de los Diputados designe oficialmente a los 4 miembros del TC: Enrique Arnaldo y Concepción Espejel a propuesta del PP y Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán a propuesta del PSOE.
Y todo apunta a que tras la renovación del Alto Tribunal «se deberá asignar la ponencia de la sentencia sobre la ley del aborto a un nuevo magistrado, que podría rechazar la sentencia redactada por Ollero y elaborar la suya propia. Si decide redactar una nueva sentencia, en el mejor de los casos podría tardar entre 7 y 8 meses en terminarla y posteriormente, el nuevo presidente del TC que sustituya a González Rivas debería decidir si la lleva al Pleno para deliberar».
De esta forma, la resolución de este recurso del PP alcanzará los 12 años de retraso y su tercer ponente. El magistrado conservador Ollero heredó la responsabilidad de resolver este recurso de su predecesora progresista Elisa Pérez Vera, que también había redactado ya su propuesta, pero en su caso, favorable a interrumpir la gestación de forma voluntaria en las primeras 14 semanas. Ni la ponencia de Pérez Vera, ni la de Ollero llegaron a debatirse jamás en un Pleno del TC porque los distintos presidentes del Alto Tribunal nunca lo decidieron.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que tras la salida de Ollero, la ponencia sobre la Ley del aborto «podría recaer en uno de los nuevos magistrados entrantes de mayor edad». En este contexto, o el conservador Enrique Arnaldo o el progresista Ramón Sáez, que nacieron el mismo año y son dos años mayores que Espejel y Montalbán, podrían convertirse en los nuevos ponentes de la sentencia más antigua y polémica del Constitucional. Sáez Valcárcel nació en junio del 57 y Arnaldo en agosto de ese mismo año.
Actualmente, el mejor posicionado para ser sustituto de González Rivas en la presidencia es el magistrado conservador Pedro González Trevijano. No obstante, su presidencia apenas se extendería hasta junio de 2022, ya que vence su mandato como magistrado. Por tanto, durante la presidencia de González Trevijano la nueva sentencia sobre el aborto podría no estar concluida para debatirse en el Pleno.
El presidente Rivas no ha querido debatir la ponencia de Ollero
El todavía presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, desde que llegó al cargo en marzo de 2017 no ordenó llevar al Pleno el borrador del magistrado Andrés Ollero, provocando la indignación de muchos de los magistrados.
Fuentes del TC consultadas por LD sospechaban que «las creencias religiosas del presidente estaban frenando cualquier tipo de avance en la resolución de este recurso de inconstitucionalidad». «No quiere pasar a la historia como el presidente del Constitucional bajo cuyo mandato se resolvió el recurso sobre esta polémica Ley, a pesar de que él mismo fuera a votar en contra de la misma», añadían. Cuando se presentó el recurso, la presidenta del TC era María Emilia Casas. Posteriormente, Pascual Sala heredaba la presidencia y daba el testigo a Francisco Pérez de los Cobos, hasta la llegada de González Rivas años después.
