(José Antonio Méndez/AyO) "Lo tremendo es que el Estado nos lance a los padres a esta batalla, en lugar de buscar el acuerdo en un tema así": así se expresan los padres objetores a Educación para la ciudadanía, después de que la Sentencia del Supremo haya abierto un horizonte de guerra de guerrillas en torno a la asignatura: a partir de ahora, los padres podrán objetar a los manuales, a los proyectos educativos, e incluso a las guías del Ministerio de Educación. "La solución -dicen- está en manos del Gobierno: negociar los contenidos o hacerla optativa. Con 52.000 objeciones, lo inaudito es que aún no nos hayan llamado"
A pesar de que la sentencia del Alto Tribunal abre la puerta a la objeción masiva, pero a pequeña escala (ciertos contenidos de la asignatura, un manual concreto, un determinado proyecto educativo, un profesor...), y a que el fallo reconoce que “las asignaturas que el Estado califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas (sic)- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española”, los teléfonos del Ministerio de Educación aún no han marcado el número de las plataformas de objetores.
La chinita en el zapato
Como señaló el pasado viernes doña María Emilia García -de la plataforma Córdoba Educa en Libertad-, durante una rueda de prensa conjunta con representantes de las casi setenta asociaciones anti EpC que hay en toda España, “se ve que al Gobierno no le gustamos. No quiere que los padres eduquen a sus hijos, porque si no, no se entiende por qué no nos ha llamado. Somos la chinita de su zapato, y no sabe cómo quitársela”. Doña María Jesús Aranda, de la plataforma Talavera, xq te callas?, aseguró que, según lo establecido por el Supremo, “los padres objetores exigimos a la Administración, a los centros educativos y a los profesores, que se abstengan de inculcar a nuestros hijos puntos de vista determinados sobre la valoración moral de cuestiones como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el matrimonio, las relaciones sexuales, el amor entre hombre y mujer, la naturaleza de la persona humana, la conciencia o la religión”. Además, Aranda recordó que “deberán abstenerse de intentar persuadir al alumno, directa o indirectamente, sobre una ideología o moral determinadas, sobre aspectos defendidos por la denominada ideología de género, o sobre posiciones defendidas desde el relativismo o el positivismo moral”.
En la misma línea, aunque mucho más explícita, se mostró doña Inmaculada López, de Segovia Educa en Libertad, quien planteó, en nombre de las más de 60 plataformas de objetores a EpC, unas exigencias imprescindibles al Gobierno: “Consideramos imprescindible -dijo- que las Administraciones estatales y autonómicas lleven a cabo una profunda revisión de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los Decretos que rigen estas materias”. Además, López solicitó a las diferentes Administraciones educativas, “la apertura de una vía de diálogo con las plataformas de padres objetores y las asociaciones que las respaldan, para alcanzar el tan deseado consenso en esta materia”. Y, por supuesto, los objetores recordaron a los principales afectados por EpC: los alumnos. La Presidenta de Segovia Educa en Libertad reclamó “que se articulen los mecanismos necesarios para que los alumnos no salgan perjudicados en sus expedientes académicos”, amén de exigir “de las Administraciones todo el apoyo a los padres si se detectase que desde la Administración educativa, los centros, los libros o el profesorado, se faltase a la neutralidad ideológica”.
