Finaliza la subcomisión parlamentaria para la reforma de la ley

Los populares piden al PSOE que diga si quiere el aborto libre

La portavoz del Partido Popular en la Comisión de Igualdad del Congreso, Sandra Moneo, pidió hoy al Grupo Socialista que si quiere el aborto libre "que lo diga abiertamente", y que explique cómo piensa encajarlo en la Constitución. En declaraciones a los medios con motivo del cierre de comparecencias de la Subcomisión del Congreso que se encarga de estudiar la reforma del aborto, Moneo afirmó que el PSOE quiere una ley de plazos, pero "lo oculta detrás de diversas estrategias que lo único que esconden la apertura hacia un aborto libre en nuestro país".

(EP/InfoCatólica*) Asimismo, la portavoz popular criticó al Grupo Socialista por "despachar una comisión tan importante en seis semanas". "Al Grupo Popular nos hubiese gustado tener la posibilidad de traer a más comparecientes, como así lo solicitamos al inicio de la subcomisión", agregó.

Al PP le sorprende "la actitud cerrada" del Partido Socialista ante esta subcomisión, en relación con "la flexibilidad, la trasparencia y la profundidad". "Lo que más nos sorprende es que haya cerrado los ojos ante una realidad que se ha demostrado día a día en la subcomisión, y es que el aborto crece en nuestro país de una forma alarmante, con cifras verdaderamente escandalosas", añadió Moneo.

En este sentido, señaló que las políticas de prevención, apoyo y ayuda a la maternidad "han fracasado", y añadió que con este fracaso, el Gobierno "pretende justificar una modificación legislativa en materia de aborto que lo único que va a producir es precisamente su incremento".

Comparecencias

Por otra parte, Moneo se mostró "satisfecha" por el nivel de intervención de los comparecientes propuestos por el PP, y destacó que tuvieron "libertad para exponer las opiniones que han considerado oportunas". "Hemos buscado un perfil de reconocido prestigio desde juristas hasta asociaciones de ayuda a la mujer, que ofreciesen una visión objetiva y real sobre el drama del aborto", apuntó.

Sin embargo, definió como "sorprendente" que el PSOE haya llevado a la subcomisión "a tres representantes de clínicas abortistas y no haya sido capaz de traer a ninguna asociación de apoyo a la mujer embarazada, médico o biólogo".

Las últimas comparecencias tuvieron lugar ayer. Josep Miro i Ardèvol, responsable del grupo E-cristians y director del instituto de Estudios del Capital Social de la Universidad Abat Oliba CEU, mostró los resultados de un estudio sobre las consecuencias sociales y económicas del aborto. De acuerdo con el informe, la pérdida de ingresos de la Seguridad Social por los abortos practicados desde que se despenalizó en 1985 será en 2020 de 86.744 millones de euros, y de casi un billón en 2040. El dato sale de una pérdida de población de cuatro millones de personas, que es lo que los autores del estudio calculan que ocasionará el aborto.

Además, las interrupciones del embarazo que se llevaron a cabo en un solo año –2006– representarán en términos de cuotas ingresadas a lo largo de su vida activa una pérdida de 14.370 millones de euros, de acuerdo con la investigación.

"Estos datos permiten captar fácilmente cómo el problema se multiplica al dispararse el número de casos; las cifras son económicamente insostenibles", aseguró Miró i Ardèvol. También destacó los efectos negativos de la interrupción del embarazo para la mujer: hasta un 80 por ciento sufre síntomas depresivos.

Por su parte, el presidente de Fundación Madrina, dedicada a ayudar a embarazadas, Conrado Gimenez Agrela, denunció el "mobbing maternal" que, a su juicio, sufren muchas mujeres por el hecho de quedarse encintas. «Los servicios sociales ven a la embarazada como una irresponsable, a la pareja como una amenaza, y a la empresa como un coste difícil de asumir», señaló.

Por parte del PSOE ayer acudió Altamira Gonzalo, presidenta de las Mujeres Juristas Themis. Aunque defendió una ley de plazos, dijo que debería estar enmarcada en "una ley más amplia de salud sexual.

"No existe demanda social"

Por su parte, el secretario general del Grupo Popular del Congreso, José Luis Ayllón, señaló que "no existe demanda social" para reformar la legislación en materia de aborto, y destacó que la actual regulación "es fruto de un consenso muy amplio y refrendada por el Tribunal Constitucional".

Además, Ayllón dijo que "la sensación general es que es necesario una mejora de la aplicación de la ley". "Los problemas de los españoles no se solucionan cambiando las leyes, sino aplicando correctamente las que ya existen", agregó.

En este sentido, criticó que el Gobierno haga cambios legislativos "que parecen que son la solución a los problemas y luego se demuestra que no era así". El caso de la reforma del aborto, "es un nuevo ejemplo de ello", concluyó.

EL PSOE critica al PP

La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Montón, acusó hoy al PP de no querer modificar la vigente legislación del aborto "por miedo a un electorado radical" y agregó que "dejar las cosas como están es dar por bueno la inseguridad jurídica que sufren las mujeres y los profesionales sanitarios".

En rueda de prensa en el Congreso, la diputada socialista aseguró que a su juicio varios comparecientes de la subcomisión llamados por el PP rechazan las campañas de fomento de los anticonceptivos "por condicionamientos morales o religiosos más que por una verdadera preocupación en salud pública", y pidió a los 'populares' que aclaren si comparten esta postura.

Montón rechazó las acusaciones del PP de haber dado "carpetazo" a la subcomisión de forma precipitada "ya que los trabajos se han hecho de forma rigurosa y eficaz". También señaló que en la subcomisión se han visto dos posturas enfrentadas: el PP por un lado y el resto de los grupos por otro.

La representante del PSOE apostó por una Ley de plazos que establezca unas semanas de aborto libre que se sitúe "en la media europea" y por una estrategia global de salud pública donde esté incluida la prevención de embarazados no deseados, la planificación familiar, la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos.

También argumentó que es necesario el cambio legislativo para acabar "con la inequidad territorial, para regular el consentimiento informado y para respetar el derecho de la mujer a decidir". Según dijo, la reforma no va aumentar el número de abortos pero sí proporcionará más seguridad y garantías a las mujeres y a los profesionales sanitarios.

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