(Darío Menor/La Razón) “Con una declaración de tipo político se crearían nuevas e implacables discriminaciones. Por ejemplo, los Estados que no reconozcan la unión entre personas del mismo sexo como `matrimonio´ serían puestos en la picota y sufrirían presiones”, dijo. El portavoz de la Santa Sede, el jesuita Federico Lombardi, salió ayer en defensa del observador permanente del Vaticano ante Naciones Unidas y denunció cierta manipulación de sus palabras. “Obviamente nadie quiere defender la pena de muerte para los homosexuales, como algunos intentan hacer creer. Son conocidos los principios de respeto a los derechos fundamentales de la persona y el rechazo a la discriminación por parte de la Iglesia católica”, explica Lombardi.
Al igual que monseñor Migliore, el portavoz vaticano denuncia que hay una razón política detrás del proyecto para que la ONU lance el próximo 10 de diciembre, cuando se cumplen sesenta años de la Declaración de los Derechos Humanos, un mensaje a los países que todavía contemplan la cárcel, la tortura o la pena de muerte para los gays y lesbianas. “No sólo se trata de despenalizar la homosexualidad, como se ha dicho”, dice Lombardi, sino que sería una declaración de “valor político” que llevaría a que se crearan “mecanismos de control” para vigilar la igualdad de todas las orientaciones sexuales. “Si una norma no pone al mismo nivel la homosexualidad con la heterosexualidad, podrá ser considerada contraria al respeto a los derechos humanos”. La declaración de Naciones Unidas, advierte Lombardi, podría ser utilizada como instrumento de presión contra quien considera que “el matrimonio entre un hombre y una mujer es la forma fundamental y originaria de la vida social y que por tanto debe ser privilegiada”.
