(La Razón) El estudio de un documento sobre la «actualidad de la misión `ad gentes´ en España» es el principal punto del orden del día de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española que, desde ayer martes y hasta el jueves, se reúne en Madrid. Pero, como suele ser habitual en este tipo de reuniones del Episcopado, los temas de mayor interés informativo no aparecen de forma explícita en el orden del día, sino que llegan en el tiempo dedicado a analizar la actualidad social y política. En este sentido, en la agenda de los miembros de la permanente para estos días aparecen tres cuestiones clave: el debate sobre la continuidad de los comunicadores de la COPE, Educación para la Ciudadanía y la anunciada reforma de la Ley de Libertad Religiosa.
La cuestión de la COPE llega a la Permanente a petición del Comité Ejecutivo. Aunque este último es el órgano que habitualmente toma las decisiones sobre la emisora, en esta ocasión el Ejecutivo (compuesto por siete obispos) decidió, dada «la envergadura» de la cuestión, trasladarla a la sesión «reservada» de la Comisión Permanente (formada por 23 obispos, los 16 presidentes de comisiones y los 7 miembros del Ejecutivo), según afirmó ayer el cardenal Carlos Amigo antes de la reunión. En declaraciones a Efe, el arzobispo de Sevilla señaló que «en principio no se tomaría ninguna decisión sobre el tema porque no figura en el orden del día». Dado el funcionamiento habitual, lo lógico es que el parecer de la Permanente vuelva al Ejecutivo para que sea éste quien tome una decisión definitiva. Aunque la continuidad de los comunicadores de COPE fue filtrada el pasado 19 de mayo, el mismo día en que el Comité Ejecutivo era recibido en el Vaticano por Benedicto XVI, la decisión ha generado un debate entre los miembros de este órgano de gobierno episcopal, que ha seguido discutiendo la cuestión en su reuniones, la última de ellas, el miércoles 11 de junio.
Por otra parte, el Episcopado se muestra cauto ante la reforma de la Ley de Libertad Religiosa que ha anunciado el Gobierno, y que ayer mismo recordaba en el Senado la vicepresidenta De la Vega. La opinión del cardenal Cañizares sobre la cuestión -que hace unos días afirmaba no sentirse inquieto ante el tema «porque no se puede hacer un juicio de intenciones hasta conocer el borrador»- parece resumir la actitud del Episcopado ante este anuncio. A pesar de que los obispos de la Comisión Permanente afrontan con tranquilidad esta reforma -que el Gobierno parece haber pospuesto hasta el final de la Legislatura- han preferido discutir con tiempo los criterios generales con los que se enfrentarán a ella.
En lo referente a Educación para la Ciudadanía el Episcopado ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones . Las únicas novedades son que el próximo curso la asignatura se implantará de forma definitiva en todas las comunidades autónomas y que la mayor parte de los obispos, bien agrupados en regiones eclesiásticas o a título individual, han ido más allá que la propia Permanente y, de forma explícita, han hecho mención de la objeción de conciencia entre los instrumentos legítimos al alcance de los padres para defender sus derechos ante la imposición de criterios morales que supone la asignatura.
Ya dentro del orden el día, la Comisión Permanente, además de valorar el documento sobre la «misión ad gentes», conocerá los últimos detalles de los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Sidney (Australia) del 15 al 20 de julio y revisará el cumplimiento del Plan Pastoral. De los detalles de la reunión informará el jueves, en una rueda de prensa, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.
